Lo que se presentaba como una reunión de comisión en la que los Legisladores iban a escuchar los argumentos que habían llevado a la Fiscalía de Estado a plantear objeciones de peso al contrato de venta de gas de regalías rubricado por la Gobernadora con al empresa TFEQ, terminó convirtiéndose en un encuentro en que se cuestionó duramente el accionar de ese órgano de control.

Las ausencias del Fiscal y del Fiscal Adjunto -quienes se encuentran participando de un congreso de Derecho Administrativo que los mantendrá alejados de la provincia hasta el domingo 24- y el reconocimiento por parte de los funcionarios de la Fiscalía de Estado de no haber impuesto al Poder Ejecutivo de las objeciones presentadas al Parlamento sobre el contrato, dio lugar a que legisladores del Frente para la Victoria, Movimiento Popular Fueguino, Movimiento Obrero y ARI plantearan severos reparos a la conducta seguida por ese órgano de control en el tema.

El abogado Maximiliano Malnatti, quien concurrió en representación del Fiscal de Estado, comenzó una breve alocución en la que indicó que la nota remitida a fines de la semana pasada al parlamento constituía apenas “una opinión inicial” sobre el contrato en cuestión, la que debía ser profundizada, pero que para ello era necesario que la Fiscalía pudiera acceder al expediente vinculado con este proceso licitatorio.

La exposición del funcionario fue interrumpida por la legisladora Collavino (FPV), la que requirió precisiones sobre si el órgano de control había remitido al Ejecutivo las objeciones que puso en conocimiento de Poder Legislativo. Ante la respuesta negativa recibida dijo no entender “porque envían a la Legislatura y no al Ejecutivo estas observaciones que es a dónde deberían remitirlas para que se subsanen las mismas antes de que el contrato sea elevado a la Legislatura”.

El abogado de la Fiscalía argumentó que se había elegido dar este “mensaje de advertencia” directamente ante el Parlamento en atención a que recién habían tomado contacto con el contrato en cuestión el 13 de octubre, fecha en que fue publicado en el Boletín Oficial, y ante el “hecho consumado” de que ya había sido girado a la Legislatura. Afirmación esta que contradice lo sostenido por el Fiscal de Estado en la nota enviada al parlamento el jueves 14, en la que indica que si bien el Ejecutivo no le remitió el convenio “ni con carácter previo a su suscripción ni con posterioridad, he tomado conocimiento de su existencia a través de los distintos medios de comunicación, como así también que ha sido remitido a la Legislatura para su aprobación”.

Este detalle no pasó por alto, lo que dio lugar a que se cuestionara que el órgano de control se haya demorado 13 días, desde el momento de la firma del convenio, para emitir opinión, cuando en otras oportunidades incluso formuló presentaciones ante la Justicia sobre la base de la información difundida por la prensa.

Desde la Fiscalía se indicó que el Ejecutivo era quien debió haber dado intervención al órgano de control, pero no lo hizo. Pero se reconoció que tampoco hubo una actuación de oficio para tomar conocimiento de las actuaciones por parte de ese órgano.

En cuanto al carácter de las observaciones formuladas, el abogado de la Fiscalía aseguró que estas van más allá de cuestiones de merito, oportunidad o conveniencia. “son observaciones de legalidad” indicó ante una consulta del legislador Raimbault. Lo que no pudo responder es que criterio adoptara la Fiscalía si la Legislatura resolviera ratificar el convenio en los términos en que fue rubricado por las partes.

Como corolario de esta reunión, se resolvió que desde la presidencia de la Comisión se envié al Ejecutivo copia de la nota presentada por la Fiscalía de Estado para que tome conocimiento de las observaciones planteadas, y comunique a la Legislatura si las incorporará o no al contrato ya firmado.

Fideicomiso con dictamen de mayoría

A pesar de las dudas y cuestionamientos planteados desde el bloque del FPV, y en menor medida por el del MPF, los legisladores de ARI resolvieron emitir dictamen en mayoría recomendando la aprobación del proyecto de ley, presentado por esa bancada, ratificando el convenio suscripto con Nación que contempla la constitución del Fideicomiso Austral.

Desde el MPF se adelantó que se sostendrá el proyecto de adhesión con salvedades, en tanto que desde el FPV se indicó que emitirán un dictamen propio, pero recién cuando internamente se acuerde el criterio a adoptar.

Visiblemente contrariados por las declaraciones surgidas desde el Ejecutivo respecto de la demora en la ratificación legislativa del tema, Collavino aprovechó para contestar declaraciones del ministro de Economía, en las que había mencionado que los legisladores pretendían conocer de antemano qué empresas realizarían las obras financiadas con el fideicomiso para “ir a tocarles el timbre para que se lo agradezcan”.

“No estamos buscando las direcciones de las empresas como dijo un funcionario, aunque el tal vez ya las tenga”, fue la devolución de gentilezas de parte de la parlamentaria.

Sostuvo que, a pesar de lo sostenido por el Ejecutivo, este convenio no “es lo mismo que el proyecto que desde el PJ” se había venido negociando durante años con el Gobierno nacional. Señaló que con el actual la provincia está resignando la posibilidad de reclamar la jurisdicción provincial hasta las 200 millas y convalidando que el 50% de las regalías propias originadas en nuevas explotaciones hidrocarburíferas, que se den integrar al fideicomiso, sean “manejadas desde fuera de la provincia”. Ello en atención a que la comisión que dispondrá la prioridad de obras a financiar estará integrada también por funcionarios nacionales.

Ricardo Furlan, por su parte, dejó en claro que las dudas planteadas desde esa bancada no implicaban que se estuviera “diciendo que no lo vamos a votar”, con lo que dejó abierta la puerta a que sumen sus votos para ratificarlo en la sesión especial que se acordó con el Ejecutivo realizar el lunes 25 de octubre.

Mónica Urquiza (MPF) ratificó la postura sustentada por esa bancada en el proyecto de ratificación con salvedades del fideicomiso, pero dejó en claro que votarán favorablemente la aprobación en general del convenio para plantear sus disidencias en el tratamiento artículo por artículo.

Por su parte, Luís Velázquez adelantó su acompañamiento al proyecto de ratificación presentado por el ARI.

Expropiación de tierras

Otro asunto sobre el que también hubo dictamen favorable de mayoría es el referido a la ley de expropiación de la Parcela Nº 1, Macizo 151, sección K, del departamento de Río Grande, que fue girado a la comisión de Tierras Fiscales.

La iniciativa original recibió algunas modificaciones menores, que no alcanzaron a convencer a los parlamentarios del FPV y MPF.