El creciente y ya reconocido proceso inflacionario que desde hace varios meses parece haber comenzado en el país, había comenzado a erosionar los salarios de los trabajadores de todas las ramas y, entre ellos, los de los trabajadores del Estado que, como suele ocurrir cada principio de año comenzaron negociaciones paritarias con el poder ejecutivo para lograr una justa recomposición salarial.

Pero, ante su reclamo, se encontraron con la tozuda propuesta del Ministro de Hacienda de Binner que solo admitía un incremento salarial del 7%, cuando la inflación anual se estima en 24%.

La propuesta-imposición del poder ejecutivo provincial era a todas luces insuficiente.

Sin embargo, el gobierno encabezado por Hermes Binner no tuvo otra idea, a los fines de elevar ese 7%, que imponer nuevos tributos a los habitantes de Santa Fe mediante un proyecto de ley que pretendía gravar a la producción, tanto agropecuaria como industrial, y a la construcción, imponiéndole el Impuesto a los Ingresos Brutos, tributo de naturaleza recesiva.

Los discursos del funcionariado intentaban justificar el impuesto con el remanido latiguillo según el cual "los que más ganan, más deben pagar".

Y, si bien la expresión es sinónimo de justicia en una república democrática, en este caso en particular lo único que lograría es el traslado del tributo a los precios que luego pagaremos todos.

¿O alguien puede creer que aceiteras, acopiadores y exportadores hubiesen absorbido el impuesto?

Claro que no. Seguramente lo hubiesen trasladado a los precios, incrementándolos. No hace falta ser muy perspicaz para comprender que ello hubiese generado más inflación y un verdadero perjuicio para los santafesinos, entre los que se encuentran también los empleados públicos, con lo que el aumento que logren en paritarias no sería el pretendido ya que se vería afectado por la inflación que hubiese generado la medida destinada a financiar ese aumento.

¿Y luego qué? ¿Nuevas paritarias? ¿Nuevas medidas de fuerza? ¿Nuevo incremento de impuestos? ¿Más inflación? ¿Más deterioro salarial?

Fácil es concluir que se entraría en un procedimiento cíclico generador de una espiral inflacionaria sin fin.

Ante ello, diputados y senadores del Partido justicialista decidimos proponer una alternativa destinada a obtener los recursos necesarios para financiar el justo y necesario aumento de los sueldos de los empleados públicos de la provincia evitando caer en una nueva reforma tributaria que dañe aún más la economía familiar.

Vale recordar que el gobierno provincial ha incrementado los distintos impuestos y tarifas.

Tal el caso del impuesto inmobiliario, la patente automotor y las tarifas de luz y agua.

Cuando aún el ciudadano no se había repuesto de los altos aumentos que debe soportar, el gobierno de Hermes Binner pretendió imponer nuevos tributos en una embestida tendente a lograr una reforma tributaria imposible de absorber por los contribuyentes.

Por ello, y teniendo como fin primordial el bienestar de la población, los legisladores peronistas sostuvimos la propuesta de creación de un "Fondo para la Recomposición Salarial" que se conformará con una suma de hasta 1400 millones.

Esos recursos se obtendrán de la afectación de los créditos presupuestarios de refuerzos previstos en las obligaciones a cargo del Tesoro, para la atención de las erogaciones derivadas de políticas y contingencias salariales hasta la suma de 500 millones de pesos; la afectación de economías presupuestarias sobre los créditos de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento (salvo remuneraciones) e inversiones de la administración provincial, operaciones de crédito de doscientos cincuenta millones de pesos autorizadas por el Presupuesto General para Ejercicio 2010; recursos resultantes de una regularización tributaria hasta la suma de 100 millones de pesos y de los ingresos provenientes de la mayor recaudación tributaria de origen nacional.

El Frente Progresista en la Cámara de Diputados, en tanto, insistió con su política de confrontación y falta de diálogo con la oposición y pretendió -no sin presiones- imponer su proyecto lesivo para la población, aún cuando el proyecto de los senadores justicialista había sido acompañado por el senador socialista y los senadores radicales, integrantes de ese mismo frente.

Pero finalmente triunfó la razón y se impuso el proyecto de senadores y diputados del PJ, un proyecto que contempla las necesidades de los trabajadores sin recurrir a un innecesario incremento de los impuestos.

Ha llegado la hora en la que el gobierno provincial debe adoptar medidas de austeridad adecuadas y que tiendan a reducir los gastos superfluos, el innecesario incremento de personal político y la proyección de obras faraónicas que solo se quedan en la maqueta pero que implican un fuerte gasto en honorarios profesionales.

A medidas como las propuestas, y que son solo ejemplo de otras que se pueden adoptar, debe agregársele una real apertura al diálogo con el Partido Justicialista, que también ha sido elegido para gobernar y cuenta con legitimidad para ello.

Las conductas de imposición nos remontan a épocas que queremos dejar atrás.

Sólo el diálogo democrático nos hará crecer como sociedad.

Por Alejandra Vucasovich - Diputada Provincial -Presidenta Bloque Federal