En su análisis, los candidatos del Frente para la Victoria enfocan buena parte de la crítica en el gobierno provincial.

En los últimos tiempos, enero se convirtió en el mes de los conflictos para la fruticultura del Alto Valle. Un período en el que los integrantes del sistema productivo juegan todas sus cartas para obtener la recompensa necesaria al esfuerzo de todo el año o de toda la vida.

Estos conflictos se van agudizando en forma paulatina; los actores queman etapas para llegar lo antes posible al punto de quiebre, aquel donde la vez anterior tuvieron éxito. Por eso llega enero y parece que inevitablemente llegamos a una situación que se repite: cortes de ruta, bloqueos de galpones y frigoríficos, parálisis en las chacras. Lo que termina resultando en pérdidas en la producción y en la productividad.

Se trata de un conflicto anunciado. Todos saben que va a ocurrir pero parece que nadie alcanza a reaccionar con tiempo suficiente para generar una respuesta. Y en este contexto, la ausencia de propuestas concretas del Estado rionegrino habla a las claras del por qué hoy se está como se está. En 27 años pasaron siete gestiones al frente del Ejecutivo y cuatro gobernadores del mismo signo político. Nunca en todo este tiempo se puso en marcha una verdadera política integral para la fruticultura, que entendiera las diferencias relativas hacia dentro y hacia fuera del complejo productivo.

Críticas al Gobierno provincial

En todo este tiempo, el gobierno provincial se limitó a mirar cómo se iban reacomodando las piezas del sistema productivo. Fue un observador impávido del proceso de concentración en pocas manos. En algunos casos hasta colaboró para que eso se produjera con más rapidez. Se festejó la venta de las empresas regionales y familiares a grandes grupos internacionales, con escaso apego a la historia y la tradición valletanas y menor interés en la economía regional.

La lista de la inacción del Estado provincial a lo largo de estos 27 años es larga. No hubo financiamiento estatal para la reconversión de las parcelas de los pequeños y medianos productores; no invirtió para desarrollar nuevos mercados; no generó un solo proyecto provincial para generar valor agregado a la fruta de industria (sidras, desecados, dulces, jugos, productos alimenticios, etc.)

Pero lo más grave de todo es que el gobierno provincial está acostumbrado a actuar por reacción y no por acción, generando modelos capaces de posibilitar la sustentabilidad necesaria para el sector. Esta administración no tiene y no puede poner en marcha un plan frutícola. De ahí que lo único a lo que aspira es a la tradición: que desde el Estado Nacional lluevan mágicas medidas para solucionar el conflicto.

El rol del Gobierno nacional

Es verdad que muchas de las variantes que impactan en la fruticultura dependen de la política nacional (dólar, costos laborales, costos de producción), pero todo sería más fácil si desde la Provincia hubiera una propuesta integral.

Pretender que el Estado garantice una rentabilidad del productor sin dejar claro qué es lo que aporta cada sector y con qué se queda, es transferir dinero de todos los contribuyentes a las grandes empresas exportadoras. En lo inmediato, lo primero que debe quedar claro es cuánto pagarán las empresas a los productores y luego ver qué es lo que faltará.

Más importante aún sería comprender las razones de fondo por las que llegamos a esta situación: las limitaciones de un modelo generado para la exportación de frutas frescas, en el que las imperfecciones y pérdidas que puedan generarse se trasladan automáticamente al pequeño y mediano productor.

En la práctica, este productor es la variable de ajuste de todo el sistema: debe entregar su fruta – el trabajo de todo un año - a un precio que se fijará once meses después sin posibilidades de discusión.

Los parches no sirven más

Los parches que se puedan ir administrando desde los poderes del Estado sólo mantendrán la situación de agonía y desesperanza mientras miles de hectáreas de nuestro valle continuarán abandonadas.

En esta situación, hay que tener la valentía de generar un nuevo esquema; un modelo que contemple y garantice la participación y supervivencia de todos los sectores que lo integran. Con medidas diferenciadas de acuerdo a las necesidades y estructuras de cada uno de ellos.

Habrá que generar una propuesta para que el sector exportador tenga posibilidades de seguir siendo competitivo, buscando nuevos mercados y formas alternativas de comercialización.

Pero, y sobre todo, tendremos que generar un esquema para que el pequeño y mediano productor no quede fuera del sistema porque lo consideremos un actor básico de la economía provincial; porque entendemos que su protagonismo y su inversión son básicos para seguir desarrollando a Río Negro, dado su impacto en la actividad económica. Para eso deberemos trabajar en la conformación de cooperativas y consorcios productivos, buscando nuevas inversiones, estimulando la creación de nuevos mercados, tanto internos como externos, con el acompañamiento permanente del Estado Provincial.

Y también tendremos que buscar una mayor integración de valor agregado al producto: sidras con denominación de origen, jugos para su comercialización minorista, dulces, alimentos en distintos formatos. Lo que además de generar mejores precios para la producción primaria, impactará en el resto de la economía con más empleo e inversiones.

Cuando un modelo productivo demuestra que llegó a un techo, no hay que esperar a que se produzca el estallido para empezar a cambiar. Ya nos pasó a los argentinos en 2001 y hubo que pasar por tantos sufrimientos, tantas muertes y tantas humillaciones para que se entendiera que había un sistema económico que no daba para más. En 2011 debemos tener la valentía de buscar un nuevo modelo que permita el desarrollo de la agroindustria y el complejo frutícola en su conjunto. El esfuerzo valdrá la pena.