El titular de Pampa Oeste señaló que el pasado 30 de noviembre recibió la visita de los peritos del tribunal contencioso administrativo que certificaron los daños y perjuicios por 3.200.000 pesos más intereses por 10 años. Esa suma, consignó, es “impagable” para el gobierno de Miguel Pacheco y “quebraría la municipalidad por los dolosos caprichos del intendente”.

Berterreix sumó a sus cuestionamientos al secretario de Gobierno, Hugo Lacaze, porque, junto a Pacheco, “tienen todos los marcos legales y técnicos para ordenar este desastre”, y dijo que ambos están “arrastrando” al Ministerio de Asuntos Agrarios, que conduce Gustavo Arrieta, por el “inmerecido respeto que tienen por las autonomías municipales conducidas por estos irresponsables mafiosos”.

La resolución Nº 118 del 19 de junio de 2002 muestra la realidad de los hechos: “Después de una década soy el propietario de hecho sin escritura de la planta negada durante 13 años, 1999/2000, en el expediente Nº 2707-3629/91”, afirmó Berterreix.

El empresario de la carne acusa al mandamás radical de negarse a acordar con su firma luego de volver a comprar el frigorífico que el municipio le robó “por decreto” en 2004.

Ese año, el empresario denunció a la comuna por el desalojo al que fue sometido y al por entonces juez de Faltas Héctor Ferreyrola, actual presidente del bloque radical en el Concejo Deliberante, como responsable jurídico de que le revocaran por decreto la concesión del predio que dos años antes le reconocieran, derivando las acciones en un estudio de Trenque Lauquen “del mismo color político”.

La nueva compra la hizo este año luego del intento fallido y “desierto de licitación y venta” ordenado por el municipio, pero el Ejecutivo se siguió negando a permitirle la escrituración.

Siempre en declaraciones a este portal, el empresario justificó la reapertura del frigorífico en que la comuna “no puede desarrollar las actividades por no ser ni concesionaria, arrendataria, ni propietaria, estando yo en legítima posesión por la obra, el pago total de tributos el 1º de diciembre de 2004 y teniendo absolutamente todos los derechos adquiridos de propiedad”.

Para Berterreix, el conflicto se mantuvo por “una cuestión estrictamente personal, política y persiguiendo un fin comercial”, y lo definió como un “escándalo”. También cuestionó que este jueves el Concejo Deliberante se apreste a aprobar un presupuesto municipal de 39 millones de pesos y criticó a la Sociedad Rural local por la “falta de apoyo” durante todo el conflicto.