Frigorífico: la judicialización del conflicto

Frigorífico: la judicialización del conflicto

El último viernes Marcelo Celeste -apoderado de la empresa- presentó una denuncia por daños y judicializó una parte del conflicto del Frigorífico Meta Azul. Lo hizo luego de que los trabajadores apagaran las máquinas de la cámara donde almacena 14 toneladas de carne, el reaseguro que los empleados tienen para cobrar lo que la firma les adeuda.

 A partir de ahí, comenzaron diferentes diligencias que incluyeron la participación de otros actores. Lo concreto es que hoy las máquinas no están en funcionamiento por disposición del OPDS.

El conflicto desatado en el Frigorífico Meta Azul tiene distintas aristas. La raíz de la problemática es la falta de pago a los trabajadores de quincenas ya trabajadas, de aguinaldos y también de bonificaciones que habían sido comprometidas previamente. Esta parte del conflicto, netamente laboral, se dirime en la delegación local del Ministerio de Trabajo donde los 180 empleados denunciaron a la empresa por intermedio del Sindicato de la Carne que los representa.

Paralelamente a esas negociaciones que a lo largo de semanas no llevaron a nada -en las que incluso intervino el intendente Hernán Bertellys- el tema se judicializó cuando el pasado viernes 29 de enero Marcelo Salvador Celeste se presentó en los tribunales azuleños -en calidad deapoderado de la firma- denunciando daños porque los trabajadores habían decidido apagar las máquinas de la cámara frigorífica donde guarda 14 toneladas de carne.

A partir de ahí, con la justicia ya interviniendo, aparecieron nuevas aristas y otros actores. La orden de poner en funcionamiento las máquinas que impartió la fiscal interviniente, conllevó la advertencia de un técnico sobre una posible fuga de amoníaco por el estado en que se encontraban las mismas. En este punto, se pidió entonces la intervención del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, cuyo personal se encargó de medir los riesgos y disponer, finalmente, que las máquinas se apaguen para preservar la salubridad pública.

La denuncia de Celeste también hizo que aparezca otro actor: SENASA, a quien la fiscalía pidió que intervenga para poder evaluar el estado de la carne que perdió la cadena de frío. El sábado, el lunes y ayer martes por la mañana, personal de ese ente se hizo presente en la planta pero no pudo ingresar ante la negativa de los trabajadores. Recién en las primeras horas de la tarde de ayer lograron acceder y elaboraron un informe preliminar que fue requerido, también, por la delegación local del Ministerio de Trabajo, donde iba a desarrollarse la audiencia de partes que finalmente no se llevó adelante por la ausencia de representantes de la empresa.

Primeras medidas judiciales

En el plano estrictamente judicial, cabe señalar que el apoderado de Meta Azul, Marcelo Salvador Celeste, realizó la presentación judicial el viernes de la semana pasada luego de que el miércoles los trabajadores decidieran apagar las máquinas de la cámara frigorífica donde conserva 14 toneladas de carne para exportar a Israel y también para consumo interno.

Así fue que tomó intervención la Dra. Laura Margaretic. La funcionaria judicial de la UFI 2 estaba de turno durante la última semana de la feria de verano, pero el expediente judicial iniciado tras esa presentación hecha en Tribunales por Celeste se sustancia a través de la UFI 13, fiscalía que está a cargo del Dr. Luis Palomares y, tal lo ya referido, en principio está caratulado como daños.

De acuerdo a fuentes judiciales cercanas a la investigación informaron ayer a este diario, luego de repetidas llamadas al representante gremial de los trabajadores que no fueron atendidas, en la madrugada del sábado la funcionaria judicial ordenó que la policía ingresara a la planta para que se pusieran en funcionamiento las máquinas y también que una veterinaria del SENASA Azul verificara el estado de la carne, ya que llevaba dos días sin frío.

Pero ninguno pudo ingresar por la oposición de los trabajadores que se mantienen en los alrededores del establecimiento desde hace varias semanas cuidando que la carne no salga del frigorífico porque entienden que es la única garantía que tienen para poder cobrar lo que Meta Azul les adeuda, que en verdad es el disparador del conflicto: el no pago de quincenas, aguinaldos y otras bonificaciones que habían sido acordadas.

Ante la negativa al ingreso, fue que Margaretic solicitó el desalojo y la conexión forzosa de las máquinas.

En ese punto, tomó intervención el juez de Garantías Federico Barberena, quien descartó que hubiese usurpación por parte de los trabajadores y, por lo tanto, no hizo lugar al desalojo, aunque sí ordenó que se ingresara pacíficamente a la planta y se conectaran los compresores que dan frío a la cámara donde se almacena la carne.

Fuga de amoníaco y máquinas apagadas

Llegó el domingo y la funcionaria se hizo presente en el establecimiento. Por primera vez pudo ingresar, al igual que la policía y un técnico de la ciudad de Mar del Plata -enviado por Celeste- para supervisar la puesta en funcionamiento de las máquinas y dar cumplimiento así a lo dictado por el juez de Garantías.

Pero cuestiones técnicas -el operario encargado de encender las máquinas no se encontraba en el lugar y tampoco había un electricista- hicieron que fuese imposible poner en marcha la cámara.

Según consta en las actuaciones judiciales, fue ese día que se advirtió por primera vez la potencial fuga de amoníaco de las máquinas con el riesgo que esto implica. Y, de acuerdo a lo que fuentes judiciales señalaron ayer a este diario, fue el técnico quien lo detectó y lo puso de manifiesto.

Frente a esa nueva situación, desconocida hasta el momento, la fiscal Margaretic decidió suspender el procedimiento hasta el día siguiente, convocar a un ingeniero y también al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible -OPDS-, para que realice un control sobre las condiciones de seguridad y salubridad.

El lunes por la mañana, por orden de la fiscal, se hicieron presentes en el establecimiento frigorífico un ingeniero y el mismo técnico que había estado el día anterior -ambos propuestos por Marcelo Celeste-, quienes pusieron en marcha las máquinas.

Mientras estaban controlando el funcionamiento, hubo dos escapes de amoníaco que fueron presenciados por personal del OPDS y de la Delegación de Prevención Ecológica de Tandil, cuyos integrantes ya se habían hecho presentes en la planta.

Ante la significación del riesgo que supone la fuga de amoníaco, la gente del Organismo Provincial fue la que dispuso que se apaguen las máquinas para preservar la salubridad pública, medida que fue notificada a la Fiscalía actuante y al Juzgado de Garantías.

Además, se informó que en agosto del año pasado la sala de máquinas del frigorífico había sido clausurada por el OPDS por no cumplir los requisitos mínimos para un normal funcionamiento.

Agresiones

Las actuaciones no quedaron ahí. Ante el riesgo ambiental que representa la fuga de amoníaco, el OPDS dispuso no sólo que se apaguen las máquinas sino que se vacíe el sistema de amoníaco vertiéndolo a un contenedor para su almacenamiento seguro.

Ese proceso de vaciado de las cañerías demanda aproximadamente 24 horas, pero no pudo cumplirse.

Según informaron fuentes judiciales a EL TIEMPO, el lunes por la tarde el jefe de mantenimiento de la planta -un hombre de Hurlingham que es empleado del frigorífico- estaba realizando esa tarea cuando fue agredido por un grupo de trabajadores que ingresó a la sala donde se encontraba, al igual que fue golpeado un policía que también estaba en el lugar. Esto es lo que consta en la causa.

Por las agresiones al trabajador y al efectivo policial, hay también una denuncia en Tribunales.

Las últimas diligencias ordenadas ayer fueron una nueva solicitud al OPDS para que se haga presente en Azul y constate el estado en el que quedó la maquinaria, evaluando el riesgo ambiental; y el ingreso de personal del SENASA para que corrobore el estado de la carne.

La llegada del Organismo Provincial se espera para estas horas, mientras que el SENASA pudo ingresar ayer alrededor de las 15. El resultado del informe será girado hoy a la fiscalía interviniente, es decir, la UFI 13 que está a cargo del Dr. Palomares.

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