El bloque del Frente Pampeano, con el diputado radical Abel Sabarots a la cabeza, formalizó un pedido de informes ante el Ejecutivo provincial por los hechos ocurridos en la Alcaidía Regional II de General Pico, en referencia tanto a episodios de violencia entre internos frente a una total pasividad policial, como al supuesto ingreso de drogas.

Los interrogantes, desde ya, tienen como destinario central al cuestionado ministro Juan Carlos Tierno, condenado en primera instancia por abuso de autoridad. “Hay un Ministerio que incumple sus funciones”, consideró el diputado.

Sabarots, en los fundamentos, destaca que los episodios conocidos “revelarían un mal desempeño del personal policial” y “un malestar de los internos debido a condiciones de detención”.

El diputado remarca además lo ocurrido en la Alcaldía de Santa Rosa, donde en febrero se produjo un violento motín a consecuencia de la aparición de un interno muerto y de reclamos por malas condiciones de alojamiento.

Sabarots quiere ir a fondo más puntualmente sobre la denuncia respecto de que algunos agentes facilitaban el ingreso de drogas a cambio de dinero.

“En caso de haber tomado conocimiento de los hechos en forma inmediata o contemporánea a su acontecimiento, indique si se inició el sumario administrativo correspondiente contra los agentes policiales intervinientes, y en caso contrario porque razón no se realizó”, apunta el legislador.

Añade: “En caso de haber tomado conocimiento recién luego de transcurrido más de 6 meses, porqué razón no se realizó un efectivo y estricto control de la Alcaidía de General Pico. Qué responsabilidad le cabe al personal que por su jerarquía debía estar en conocimiento de estos hechos y adoptar en su momento las medidas pertinentes para con los agentes comprometidos”.

También pregunta “qué medidas se han adoptado respecto a los agentes policiales de la Alcaldía de la Unidad Regional II de la ciudad de General Pico, frente a los videos que se viralizaron en los últimos días en las redes sociales, informando el personal involucrado, sus antecedentes, y su jerarquía”.

El legislador también consulta “cuál es la normativa que rige a los Establecimiento Penales y Correccionales, y el sistema carcelario que está bajo la órbita de ese Ministerio de Seguridad”.

En relación a las Alcaidías que se encuentran en la Provincia, pregunta “cómo es el funcionamiento administrativo y policial” y “qué monitoreo efectivo y periódico se realiza”.

También se pide un informe sobre las condiciones de alojamiento de las alcaidías, en cuanto permitan un adecuado aseo personal de los internos, correcta alimentación, atención medica de los mismos y régimen de visitas.

En cuanto a la población carcelaria de las Alcaidías, se reclama que el gobierno informe la condición procesal en que se encuentran los internos, y la cantidad que existe en cada una de las alcaidías.

“En particular -señala el proyecto- informe quién era el Personal Policial a cargo de la Alcaldía de General Pico al momento de acontecer los hechos de los cuales se tomo conocimiento a través de las redes sociales y los medios de comunicación”.

Sabarots interpreta que “resulta impostergable la necesidad de recobrar la confiabilidad en las instituciones de seguridad y beneficiar a toda la comunidad pampeana. Si nos encontramos frente a alcaidías que se convierten en lugares de hacinamiento, más que en lugares destinados a la resociabilización de los detenidos; si nos encontramos con agentes policiales que vulneran permanentemente los derechos de los internos, más que asegurar el control y la seguridad dentro de los establecimientos penales; y si frente a todas estas situaciones hay un Ministerio que incumple sus propias funciones, no podemos más que pedir nos informe sobre su actuación”, completa.