MONTEVIDEO.- Una multitudinaria marcha que recorrió anoche la principal avenida de la capital uruguaya reclamó el esclarecimiento de los casos de desaparecidos en la última dictadura (1973-1985), horas después del tercer fracaso de la coalición de izquierda por dejar sin efecto la ley de caducidad, que en 1986 dio relativo amparo a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

El silencio se sintió en el centro montevideano: fue una impresionante manifestación. Los organizadores expresaron su dolor por el fracaso parlamentario y su esperanza de que otro intento logre el propósito frustrado.

En ese sentido, varios legisladores del Frente Amplio transmitieron que pasado mañana integrarán una comisión para ver cómo pueden anular la ley de caducidad por otra vía, pese a que el presidente José Mujica se opone a la iniciativa.

Tras 15 horas de debate, en la tarde de ayer la bancada oficialista no alcanzó la mayoría, porque el diputado Víctor Semproni cumplió su anunciado desacato a votar el proyecto interpretativo de la ley de caducidad que la declaraba nula. La votación fue 49 a favor (todos los frentistas menos Semproni) y 49 en contra (30 blancos, 17 colorados y dos independientes).

La votación se repitió, y se repitió el mágico empate de 49 a 49. Los legisladores del Frente Amplio que tienen mayoría en ambas cámaras no podían conformarse con la derrota.

Era la tercera vez que se enfrentaban a la impotencia de no poder derribar esa norma. La primera fue en el refererendo de abril de 1989, cuando los uruguayos votaron por mantenerla en vigor por 57% a 43 por ciento.

La segunda fue en el plebiscito de octubre de 2009, cuando el 48% que votó por anularla no fue suficiente para aprobar esa enmienda constitucional.

Y la tercera fue ayer, cuando el diputado Semproni, un jubilado bancario que milita en la izquierda desde 1955 y ha recorrido varios grupos de la izquierda, le restó el voto que el Frente Amplio necesitaba para aprobar el texto anulatorio.

Semproni dijo que no le pueden decir que defiende "la impunidad de los militares" porque, por su pasado guerrillero, fue preso de la dictadura y sufrió graves problemas de salud por las torturas recibidas.

La ley que resistió a tantos embates en realidad está malherida y es poco eficaz en su aplicación debido a una interpretación laxa de su contenido, que permitió que se procesaran a los principales agentes de la dictadura, que están en una prisión especial.

La norma, además, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Pero ese fallo judicial no la quita del orden jurídico, sino que tiene efecto sólo para el caso por el que los magistrados se expidieron.

Paradójicamente, ahora los juicios a militares seguirán en diversas sedes. Eso no hubiera sido así si el Frente Amplio aprobaba la anulación, porque abogados de los militares iban a presentar recursos de inconstitucionalidad, basados en los argumentos de los juristas consultados por el Palacio Legislativo y por dichos de los dirigentes de izquierda que advertían de ese problema.

Satisfacción

La oposición expresó satisfacción por el resultado parlamentario. "Esta ley que el oficialismo quería aprobar ponía en riesgo la institucionalidad del país", declaró el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres. "Se respetó la voluntad de las urnas y la Constitución", dijo, por su parte, el senador blanco Jorge Larrañaga, que preside la bancada del Partido Nacional. El principal líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, en tanto, expresó igual sentimiento y reclamó al gobierno que se aboque "a los temas que unen" a todos los partidos.

La marcha de anoche fue mayor a la de otros años y contrastó con la poca convocatoria del llamado para rodear el Palacio Legislativo durante la votación parlamentaria.

El representante de Familiares de Desaparecidos, Ignacio Errandonea, dijo que había "decepción" por el fracaso legislativo, pero que igual confiaban en que los dirigentes políticos buscaran "los consensos necesarios para borrar la ley de caducidad".