Desde octubre de 2015 las grandes obras públicas de Mendoza están paralizadas y unos 3.500 trabajadores han quedado sin empleo, según datos de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). El problema surgió por la falta de recursos y se profundizó por dificultades logísticas en el cambio de gobierno. 

José Luis Lemos, secretario general de sede de Mendoza de la Uocra, explicó que los despidos masivos comenzaron en octubre por la paralización de las obras del IPV y continuaron por el cese de trabajo en dos tramos de la ruta 40 y en la Villa Olímpica. 

El representante sindical comentó además que un estudio de la Uocra demostró que los 3.500 puestos de trabajo perdidos en los últimos cuatro meses podrían transformarse en 7.000 si en febrero las obras públicas siguen frenadas. 

“Hemos pedido respuestas tanto al Gobierno actual como el anterior, pero no hemos tenido ninguna devolución favorable. Si la situación continúa igual, en febrero haremos movilizaciones”, reveló Lemos. 

Deuda con las constructoras

El principal problema que debe resolver el Gobierno para retomar las grandes obras públicas, es la deuda que mantiene que con las constructoras. Es que tanto el Gobierno de Mendoza como el Gobierno Nacional le deben dinero a las empresas que están a cargo de las obras y los constructores aseguran que necesitan cobrar “al menos una parte de esa deuda para continuar trabajando”. 

Diferentes empresarios del sector lamentaron la situación de los trabajadores y blanquearon en qué estado se encuentran las negociaciones con el Estado.

Jorge Sanchís, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (filial Mendoza), reconoció que “en julio del 2015 comenzó ha disminuir la cantidad trabajadores contratados” y aseguró que el problema se acentuó en octubre cuando “el Gobierno Nacional dejó de girar fondos para las casas del IPV”.

Sin embargo, el problema viene desde mucho más atrás. “El Gobierno de Mendoza adeuda pagos por la construcción de casas del IPV desde enero de 2015 y en algunos casos desde noviembre del 2014. Durante el año pasado las empresas se manejaban medianamente bien con los fondos de nación, pero en octubre ya no llegaron recursos y la situación se volvió insostenible”, comentó.

Coincidió con esa lectura el empresario Jorge Panella, quien opinó que Mendoza es una de las provincias más complicadas en lo que respecta a obra pública, principalmente por la falta de recursos para las casas de IPV. “Se está trabajando a un ritmo muy bajo y por eso se han perdido tantos puestos de trabajo”, declaró.

Similar fue la descripción de Mario Yaser, presidente del Círculo de Constructores de Mendoza. “La Provincia no aportó recursos en 2015. Eso llevó a que el ritmo de obra fuera lento durante todo el año y que se frenara casi por completo cuando dejamos de recibir los pagos de Nación”, comentó. 

Estudio de situación

El empresario Hugo Gamboa, coincidió con sus pares y observó que, más allá de las deudas, “el problema se acentuó con la larga transición de un gobierno a otro, tanto a nivel provincial como nacional.

El dato positivo es que todo parece encaminado a una solución, al menos parcial. El Gobierno ha informado a los empresarios que el subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala, se encuentra relevando la situación de cada obra y elaborando un plan para retomar el trabajo. Hoy mismo habrá una reunión en la que el Gobierno le informará a los empresarios, cómo se trabajará con el IPV en 2016.