Distintos hechos que ocurrieron durante la semana que se fue pueden interpretarse como positivos a la hora de la lucha contra la corrupción y el control sobre los funcionarios públicos.

Por un lado, la condena a un exministro que se convirtió en ícono de la ostentación “a la pampeana” durante los años ’90 en que reinaron el marinismo y el menemismo; por otro, la voluntad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de ir a fondo en una causa que se inició en febrero del año pasado y que involucró al avión sanitario de la Provincia; también la decisión de sancionar internamente a varios policías que cometieron diversas faltas y que luego se agruparon para concretar un acuartelamiento que tuvo en vilo a la población.

Sobre el caso de Santiago “Patucho” Álvarez ya se ha dicho y escrito casi todo. Sin embargo, actúa como un soplo de cierto aire fresco el hecho de que el Poder Judicial -aun una Cámara con la dudosa conformación de la que actuó en este juicio- haya decidido la pena de prisión efectiva para quien comete un hecho de corrupción, y que además reclame una devolución monetaria como forma de resarcir al Estado que, junto a los ciudadanos a los que representa, ha sido su víctima.

Lo desgraciado de ese episodio es que para llegar a una condena haya tenido que pasar tanto tiempo, lo cual, por un lado, acrecentó la sensación de impunidad y, por otro, le permitió al propio acusado presentarse como ajusticiado a destiempo, al punto que su abogado llegó a decir que ya habían pasado doce años desde el momento del hecho, por lo que no podía lograrse una exitosa “resocialización”.

En ese sentido es que resulta oportuna la intervención de la FIA en el caso de la utilización que se hizo del avión sanitario para privilegio personal de un funcionario: su aparición se da cuando los involucrados siguen ostentando sus cargos, y sin que haya que lamentar por parte del organismo otras demoras, pese a los obstáculos que encontró a lo largo de su investigación.

También es un detalle de interés que, en una provincia no caracterizada por la transparencia de sus decisiones institucionales, el fiscal Juan Carlos Carola haya motorizado la publicación de sus dictámenes en la página web, lo cual permite un fácil acceso por parte de la ciudadanía.

La situación evidencia la que suele ser una maldita costumbre de algunos arribados al funcionariaje: manejar las cosas del Estado, es decir de todos, como si fueran propias, aun cuando se pone en riesgo al resto de la población.

En esta situación, incluso el subsecretario de Salud actual, Carlos Delgado, tiene que dar explicaciones por el hecho, ya que aparece en una posición incómoda, lo cual permite considerar que sus autoridades superiores debieran evaluar seriamente la posibilidad de apartarlo de su lugar, al menos, hasta que el episodio quede esclarecido.

Una decisión de ese tipo, de alguna manera, equipararía su situación con la de los efectivos policiales que han sido pasados a “pasiva” durante la semana que se fue, luego de que fueran formalmente acusados por su intervención en el acuartelamiento de diciembre del año pasado, sobre la que ir a fondo para determinar responsabilidades y evitar cualquier atisbo de impunidad.

...y una de arena

El Superior Tribunal de Justicia decidió, en la semana que se fue, incurrir en un retroceso al intervenir -a pedido del Ejecutivo provincial y del Servicio Penitenciario Federal- para ponerle freno a la posibilidad de que los presos pampeanos alojados en otros lugares del país sean regresados a la provincia.

En realidad, no fue el máximo organismo judicial en pleno el que intervino, sino dos de sus integrantes: Víctor Menéndez y Tomás Mustapich, próximos a su jubilación.

Con un argumento técnico y formal “leguleyo”, en palabras de la Asociación Pensamiento Penal, que intervino en el tema como “amicus curiae”, retardaron cualquier hecho concreto que pudiera concretarse, puesto que dejaron en la nada lo actuado y ordenaron que todo el camino burocrático comience de nuevo en la Justicia Federal de Santa Rosa.

Los dos magistrados ni se fijaron en el fondo de la cuestión, e incluso interpretaron que ocuparse de la situación de esas 76 vidas alejadas de sus familias no tenía urgencia ni gravedad.

La Pampa es la única provincia en la que se producen traslados masivos de manera sistemática para ocasionarles a los detenidos un sufrimiento extra al que de por sí significa estar privado de la libertad, lo que en la práctica constituye un ilegítimo agravamiento de sus penas.

La postura de los dos jueces, aunque puede resultar sorpresiva para quienes no conocen los posicionamientos ideológicos que trasuntan en sus sentencias, no llama la atención viniendo de quien viene, lo cual no debe impedir una mirada reflexiva sobre lo que significa.

Mustapich y Menéndez, además, han aseverado en la sentencia y a contramano de lo que ocurre en la realidad en otras jurisdicciones que exclusivamente la Corte Suprema está en condiciones de incorporar la figura del “amicus curiae”, lo que le valió un serio reproche, en tono de reto, a la totalidad de los integrantes del Tribunal de Impugnación Penal.

Esa definición es un adelanto de la postura ante otras situaciones similares que puedan aparecer, por ejemplo, la reciente invitación a la Fundación Estrellas Amarillas para que intervenga bajo la herramienta de “amigo del tribunal” en los casos de delitos en siniestros viales.

Si la teoría del STJ es que el “amicus curiae” no se puede poner en vigencia en La Pampa porque ese mismo organismo no lo reglamentó de algún modo, es hora de que lo haga, pero, mientras tanto, no hay dudas de que esa institución significa un aporte en el conocimiento de la verdad, sobre todo en casos de impacto social, que exceden un simple hecho en sí mismo.

La postura retrógrada que los jueces eligieron para sí mismos y para el organismo al que representan instala, una vez más, la necesidad de restablecer cuáles son las prioridades de un organismo judicial, sin perder de vista el tiempo y la sociedad en la que tienen lugar.

Así como las fuerzas partidarias analizan a todo nivel que el año que viene -de elecciones- será necesariamente un hito que propiciará, en alguna medida, la renovación política (incluso en cuanto a sus nombres), sería también saludable para la provincia que en el Poder Judicial puedan soplar otros vientos y aparezcan nuevas caras.