El diputado provincial Eduardo Toniolli presentará mañana ante la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario un pedido de habeas corpus preventivo, con el fin de declarar inconstitucional toda normativa provincial sobre "detención por averiguación de antecedentes". También busca impedir "toda acción, práctica o vía de hecho ilegal que por medio de la actividad del Ministerio de Seguridad y sus dependencias policiales, pongan en juego o riesgo la libertad de jóvenes y adultos vulnerando garantías constitucionales". El legislador kirchnerista que será patrocinado por el Defensor general Gabriel Ganón, asegura que "en todo 2012 hasta mayo de 2013 se recibieron 334 denuncias de apremios ilegales cometidos por la policía: la mitad de esas causas judiciales no avanzaron, solo diecinueve tuvieron tratamiento y hubo un solo procesamiento". Y remarca que la mayoría de estas abusos policiales se dieron en el marco de la tan cuestionada potestad policial para detener "solo por la cara". También apunta al escaso compromiso judicial al momento de investigar los hechos denunciados. Como dato revelador señala que "durante todo el 2012 se trasladaron casi 32 mil personas para averiguar sus antecedentes y menos de un tres por ciento resultó de interés". Como contrapartida pide que se aplique un punto promocionado en los últimos tiempos por el gobernador Antonio Bonfatti: "los scanner portátiles en vehículos policiales para saber on line si hay algún requerimiento judicial sobre la persona "al instante".

En la presentación Toniolli propone una acción de amparo y una medida cautelar que "suspenda de inmediato los efectos de la normativa y los actos cuestionados". En tanto en el punto quinto solicita que "se haga saber a los tres Poderes Constitucionales de la Provincia de Santa Fe la necesidad de adecuar -en el plazo más breve posible- la normativa local a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bulacio versus Argentina, Sentencia de 18 de Septiembre de 2003".

Y finalmente hace "reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia Nacional, por encontrarse comprometidas la libertad ambulatoria, el ámbito de su reserva, así como las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso sustantivo de los niños, niñas y adolescentes"-

En su escrito Toniolli destaca que el Ministerio de Seguridad le ha informado que "en el año 2012 se realizaron un total de 31.622 traslados por averiguación de antecedentes en las 19 Unidades Regionales de Policía. De ese total de procedimientos ilegales y arbitrarios, que supuestamente fueron realizados para identificar a esas personas, solo en el 3 % fue útil para detener a personas que tenían vigentes pedidos de captura. Esta circunstancia fáctica nos lleva directamente a la conclusión que la facultad que la ley le otorga a la policía para identificar personas y determinar la existencia de pedidos de captura en su contra fue ejercida en el mejor de los casos de modo abusivo y discriminatorio sin ningún criterio lógico de razonabilidad que permita mantener tal facultad".

El legislador recordó que "el Ministro de Seguridad Raúl Lamberto ha manifestado que ha dotado a la policía de mecanismos electrónicos de identificación inmediata para verificar los antecedentes".

Entre los fundamentos de Toniolli recuerda los últimos episodios de violencia policial contra menores ocurrido en comisarías rosarinas: entre ellos el de la madrugada del día domingo 25 de agosto cuando seis menores fueron ilegalmente detenidas por personal policial y trasladadas a la seccional 14, donde las obligaron a desvestirse completamente, las golpearon, insultaron y discriminaron.

El viernes 30 de agosto, dos hermanos menores de 13 y 15 años salían de la escuela para regresar a su casa en Villa Gobernador Gálvez, cuando fueron detenidos por una patrulla motorizada que los requisó y aunque no les encontraron nada, solicitaron un móvil para trasladarlos a la comisaría 4° de Rosario, a la que arribaron esposados. Una vez en dependencia policial, los hicieron desnudar, recibieron insultos, amenazas y agresiones.

La último denuncia de Juan Ponce, hijo de Mercedes Delgado, la militante social asesinada al quedar en medio de un tiroteo entre narcos en barrio Ludueña quien aseguró que su hermano menor de 16 años fue brutalmente golpeado luego de ser detenido en la seccional 12 por averiguación de antecedentes.

El diputado kirchnerista señala finalmente que " si bien la presente acción se intenta a favor de todas las personas, el estándar de protección de la libertad ambulatoria respecto de los procedimientos de este tipo es aún mayor cuando estas practicas se despliegan contra jóvenes menores de edad".

En este sentido, agrega "a nivel internacional se ha reconocido la existencia de un principio universal de protección especial a la niñez, en razón de encontrarse en una posición de "desventaja y mayor vulnerabilidad" frente a otros sectores de la población, y por enfrentar necesidades específicas".