El juez porteño en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Martín Furchi, suspendió el procedimiento de licitación del servicio de alquiler de bicicletas que actualmente maneja el Estado porteño y pasaría a manos privadas. Lo hizo al aceptar una medida cautelar presentada por Facundo Di Filippo, Rafael Gentili y Félix Cariboni, en la que se pedía que se declarara nulo el Decreto 59/2013, por el cual se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones para concesionar el servicio de provisión, instalación, gestión y mantenimiento del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad.

El Gobierno porteño pretendía adjudicar el mes próximo el servicio de bicing que funciona en la Ciudad hace dos años. La empresa que se quedara con el contrato pautado por cuatro años, debía hacerse cargo de su mantenimiento y de ampliar hasta 200 estaciones y 3.000 bicicletas. Y tenía la posibilidad de cobrar un servicio que hoy es gratuito.

En su fallo, Furchi consideró que la concesión del sistema de bicing debería ser aprobado por la Legislatura y sostuvo que el Gobierno de la Ciudad habría llamado a licitación por un plazo menor al previsto en el artículo 27 de la Ley Nº 2586, ya que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponía que el plazo de ejecución del contrato fuera de 4 años más uno de prórroga. La ley Nº 2586 establece que la posibilidad de concesionar se condiciona a que dicho plazo fuera superior a cinco años.