POSADAS. Graciela Franzen, secretaria de Derechos Humanos de la CTA, sobreviviente de la dictadura y una de las denunciantes en los juicios por crímenes de lesa humanidad en Misiones, en una entrevista realizada en Radiohoy 90.3, expresó su preocupación por la situación que atraviesa la provincia en cuanto a los apremios ilegales en manos de la Policía, resaltando que actualmente existe violencia institucional. "Hay un Estado que tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos y los reprime", dijo.
A raíz de un relevamiento realizado por la CTA, se pudo saber que en Misiones durante este primer semestre de 2014 se denunciaron cerca de 78 casos de apremios ilegales en distintas comisarías provinciales. "Existe una ausencia total del Gobierno misionero; me pregunto para qué fue creado el Ministerio de Derechos Humanos", dijo Franzen, quien confirmó el dato. Cabe recordar que la cartera está encabezada por el insipiente Edmundo Soria Vieta, quien ha tenido una nula participación al momento de proclamarse contra los apremios ilegales protagonizados por las fuerzas de seguridad de Misiones.
En este sentido, Franzen indicó: “lamentablemente la Policía sigue siendo la misma Policía represora que en la época dictadura cívico militar. A pesar que en su momento se dieron clases y cursos de derechos humanos a los oficiales, evidentemente en la formación todavía existe un pensamiento represor”. Paralelamente, cuestionó al ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, a quién responsabilizó de omisión ante los apremios ilegales ejercidos por las fuerzas de seguridad.
Al ser consultada por la reflexión del gobernador de Misiones, Maurice Closs, quien expresó que el problema de los apremios ilegales de la Policía no se relaciona con la formación de los agentes, Franzen fue contundente: “responsabilizo al ministro Jorge Franco y al gobernador Closs por los asesinatos en Misiones, ¿cómo van a decir que acá no hay apremios ilegales, cómo va a negar el Gobierno de la provincia esta problemática, cuando nosotros fuimos reprimidos en Garupá, brutalmente con perros, gases lacrimógenos y palos?”, haciendo alusión a la dura represión sufrida por la Multisectorial el pasado 5 de marzo del corriente año, donde hubo veinte detenidos, más de treinta heridos y dos personas internadas, como consecuencia del “accionar” policial.
Finalmente la integrante de CTA sentenció que en Misiones, por reclamar Derechos, las fuerzas de seguridad siguen utilizando “métodos represivos de la dictadura”.
Policía que mata y Justicia que calla
En este 2014 también se cumplen dos años de la muerte de Hernán Céspedes, el único procesado por el femicidio de Lieni Piñeyro, el resonante caso de Puerto Esperanza, en el que estarían involucrados hijos del poder político local. Los familiares del joven que apareció golpeado y ahorcado en la celda de la Unidad Regional V de Iguazú, siguen realizando marchas y protestas pidiendo justicia.
El padre del joven asesinado en la celda un día antes de declarar ante el Juez, Diego Céspedes, confesó que una o dos veces por semana reciben algún tipo de amenaza. “Nos dicen que dejemos las cosas como están o van a seguir con otro de mis hijos”, precisó el padre de Hernán, pero aseguró: “no vamos a parar la lucha, van a pasar años pero vamos a seguir pidiendo justicia. Vamos a meter presos a los verdaderos asesinos”.
“En Esperanza no somos escuchados por el Gobierno de turno. La Policía hace oídos sordos con nosotros. Estamos desprotegidos, mi familia y yo vivimos bajo amenazas, esto no puede ser así. Vivimos inseguros”, reclamó una vez más el padre de Hernán, como lo viene haciendo hace dos años desde que su joven hijo, apareció sin vida en la celda, hecho que para la Policía y la Justicia provincial fue un “suicidio”.
Céspedes se lamentó por lo sucedido con Girula, y admitió que es un hecho que estaría relacionado con el de su hijo, porque muestra el abuso y la impunidad de algunos efectivos de la fuerza. “Tenemos policías asesinos entre nosotros”, alarmó Céspedes.
Finalmente, el periodista Matías Rodríguez enfatizó que el caso de Céspedes no es el único de apremios ilegales y muerte dentro de Unidad Regional V en Iguazú. “Estas personas implicadas en la muerte de Hernán fueron investigadas internamente y no pasó a mayores. Fueron todos trasladados. Iguazú tiene varios casos impunes”, advirtió.



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