La Ley de Financiamiento Educativo fue sancionada a finales del año 2005 fijando el objetivo de incrementar los recursos para la educación de manera progresiva hasta llegar al año 2010 con un nivel de inversión equivalente al 6% del PBI. Los puntillosos mecanismos de monitoreo que se montaron apenas sancionada la ley demuestran que tanto las metas intermedias como la final fueron cumplidas dentro de los plazos previstos.

Una evidencia que permite dimensionar las implicancias de este proceso es la información que publica la CEPAL en el Panorama Social de América Latina 2010. En este informe, la Argentina aparece como uno de los países latinoamericanos de mayor inversión en educación medido como porcentaje del PBI. Esto sugiere que el esfuerzo desplegado es muy importante y que los medios disponibles para que los niños y jóvenes argentinos alcancen buenos niveles de educación estarían garantizados.

Cumplida la cuestión financiera, el tema sustantivo es evaluar si el crecimiento en la inversión ha producido mejoras en la formación de los estudiantes. Una manera de dilucidar este tema es comparando la evolución de los resultados logrados por los alumnos en la prueba de lectura PISA entre países vecinos. Combinando datos de la CEPAL y la OECD referidos a los años 2000/2001 begin_of_the_skype_highlighting              2000/2001      end_of_the_skype_highlighting y 2008/2009 se observa que:

Chile incrementó la inversión en educación de 3,9% a 4,3% del PBI y su desempeño en lectura en la prueba internacional PISA aumentó de 410 a 449 puntos.

Brasil incrementó la inversión en educación de 5,0% a 5,7% del PBI y su desempeño en lectura en la prueba internacional PISA pasó de 396 a 412 puntos.

Argentina aumentó su nivel de inversión en educación de 5,1% a 6,0% del PBI pero en la prueba internacional PISA bajó de 418 a 398 puntos.

ESFUERZO INSUFICIENTE

Estos datos muestran que la sociedad argentina está desplegando un gran esfuerzo financiero para sostener al sistema educativo, pero no logra revertir los mediocres resultados en términos de formación de sus alumnos. Chile y Brasil, con menor inversión, obtienen mejor formación para sus estudiantes.

El aumento en Argentina desde el 5,1% al 6% del PBI, en un período de fuerte crecimiento económico, implica que los recursos disponibles aumentaron casi el 70% en términos reales. Sin embargo, la capacidad de lectura de los jóvenes argentino se deterioró entre el 2000 y el 2009. Las autoridades educativas argentinas relativizan la medición de la OECD señalando que en la Argentina hay jóvenes que sufren exclusión social, por lo tanto, enfrentan dificultades para su formación.

Sin embargo, difícilmente Chile y Brasil no experimenten problemas similares y aun así sus jóvenes muestran mejor desempeño.

Una lectura más objetiva de la medición de la OECD llevaría a concluir que la estrategia plasmada en la Ley de Financiamiento Educativo es equivocada. Agregar más recursos a un sistema educativo muy mal organizado aumenta el derroche y perpetúa la baja calidad educativa. La prueba es que la agenda fue monopolizada por las paritarias docentes y los conflictos sindicales. En un entorno donde los recursos fluyen en función de las presiones corporativas no hay posibilidades de mejorar la calidad. Los docentes que se esfuerza, capacitan y se comprometen con la formación de sus alumnos no tienen ningún reconocimiento. Los que forman parte de la burocracia o aprovechan los mecanismos de las normas docentes para desentenderse de sus alumnos no sufren ninguna penalización.

Un primer paso para revertir el fracaso es abandonar la idea simplista e ingenua de suponer que con más recursos espontáneamente se van a lograr mejores resultados. Los problemas están en la organización del sistema. La gestión de la educación primaria y secundaria es por mandato de la Constitución Nacional de las provincias, por ello, lo mejor que puede hacer la Nación a favor de la educación es no apropiarse de recursos que deberían ser coparticipados y abstenerse de interferir en cuestiones salariales y de gestión del trabajo docente. En su lugar, debería mostrar mucho más compromiso y eficacia en promover la transparencia y profundizar la medición de resultados para activar las demandas de la población a favor de una mejor gestión y calidad educativa.

El sector minero acentúa

estímulos al compre local

Autoridades nacionales, operadores mineros y proveedores del sector, mantuvieron la tercera reunión para avanzar en la homologación de insumos y servicios nacionales para la minería, que tiene por objeto promover el compre nacional, para sustituir importaciones por más de $1.400 millones, generando mayores oportunidades de trabajo para las pymes locales y fomentando el desarrollo de nuevos proveedores en el país.

La mesa de homologación, que fue convocada por el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, está compuesta por la Secretaría de Minería de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Minería, la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI) la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la asistencia de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.

Esta iniciativa del organismo minero nacional, busca generar mayores oportunidades de negocios para las pymes proveedoras mineras locales y promover inversiones para la puesta en marcha de emprendimientos de servicios nacionales, mediante la sustitución de importaciones de insumos y servicios que actualmente no se producen en el país y mueven un volúmen superior a los 1.400 millones de pesos.

En este marco, la mesa avanzó en el análisis detallado de la demanda actual de insumos y servicios que requiere la actividad minera y en las oportunidades de sustitución de los mismos por proveedores nacionales. Asimismo, se acordó una agenda de reuniones para trabajar sobre cada caso en particular para definir las acciones a realizar.

Posicionamiento a

favor de usuarios

El Defensor del Pueblo, Victor Galarza, insiste en resaltar la necesidad de establecer nuevas condiciones, tanto técnicas como administrativas, para la prestación del servicio tercerizado de energía disperso, entendiendo que así se avanzará en la reivindicación de principios de razonabilidad y proporcionalidad, resguardando de esta manera los intereses de los usuarios jujeños. Cabe recordar, que Galarza participó de la reciente audiencia pública realizada en Susques para tratar el cuadro tarifario del mencionado servicio, oportunidad en la cual se pronunció en rechazo de la actualización propuesta por la concesionaria.

En este marco, consideró necesario requerir, entre otros ítems, se rechace la pretensión de la prestataria de excluir el Factor de Escala y Simultaneidad para la adecuación de los Valores Nuevos de Reemplazo. “La empresa (Ejsedsa) pretende ahora emplear un precio surgido de una licitación internacional, cuando en su propio Estudio Tarifario para el año 2007 tomó como referencia valores del mercado local”, advirtió.

También peticionó se suprima la fórmula polinómica, adoptando un sistema de mayor claridad, entendiendo que la aplicación de la misma “resulta sumamente complicada e indescifrable para el común de los usuarios”.

Estimó necesario exigir a la empresa la presentación de un plan de inversiones para el quinquenio, que se prevea el carácter obligatorio del mismo, y que sea una condición previa a la aprobación de cualquier modificación del cuadro tarifario.

También se ocupó de las responsabilidades que le cabe a la Superintendencia de Servicios Públicos (SuSePu), solicitándole control y a la concesionaria el efectivo cumplimiento de las normas provinciales y nacionales de preservación y reglamentación de Protección del Medio Ambiente, a efectos de asegurar el desarrollo sustentable y la mínima afectación del ambiente.