El Concejo Deliberante votará este viernes el expediente que llega con los votos del oficialismo y el apoyo de algunos ediles opositores. Los vecinalistas objetan el proceso de adjudicación.
"De aprobarse en las condiciones planteadas, resulta económica y financieramente inadecuados para los intereses municipales y, por ende, para la comunidad", manifestaron.
Entre los argumentos esgrimidos se cuestionó la cantidad de cámaras que se pretenden instalar. Mientras el contrato con la emresa Global View indica que serán 65, de acuerdo a lo que se fijó en el convenio entre el municipio y la Nación, se había estimado la colocación de cuatro cámaras por cuadrícula, siendo estas 90, es decir, deberían instalarse 360 cámaras, con sus pertinentes sistemas de soporte, grabación, archivo de imágenes y puestos de operaciones en el Centro de Operaciones Municipal.
Además de cuestionar los valoresque se manejan por cada sistema de monitoreo, cuestionaron las decisiones unilaterales que adoptó el municipio para confeccionar el pliego de bases y condiciones.
"Desde el Foro Municipal de Seguridad se le hicieron observaciones y críticas a las decisiones tomadas por el Ejecutivo Municipal, tanto con respecto a los precios base de oferta como por las modalidades y condiciones elegidas", señalaron.
Tras remarcar que Mar del Plata es la ciudad que mayor precio abonará de toda la provincia más de 90 mil pesos) y los demás partidos, aún pagando menos, adquirieron más cámaras, remarcaron que el mencionado pliego "en nada responde al compromiso u obligaciones a cargo del Intendente asumidas originariamente con su firma del Convenio para la implementación del Programa Integral de Protección Ciudadana, ratificado y homologado por ordenanza 19261".
"Entendemos que de aprobarse dicha licitación, que todos creímos declarada desierta por manifestaciones del Intendente realizadas en multitudinaria conferencia de prensa por una Controversia entre la comuna y la señal de televisión C5N, la ciudadanía en su conjunto se verá privada de un beneficio que le otorgara el Gobierno Nacional: el Plan Integral de Seguridad Ciudadana", subrayaron.
A continuación, describieron la serie de divergencias entre lo rubricado con el gobierno y lo que se estipuló en el pliego:
-Debieron haber destinado $ 7.308.000 para la primera mitad de la instalación del sistema de video seguridad y el Ejecutivo destinó $ 5.899.999,90.
-El sistema debió ser comprado y quedar como infraestructura, pero el Ejecutivo contrata un servicio (que alquila) por 3 años.
-Debían comprarse e instalarse 360 cámaras en total o 180 en esta primera parte y se licita la "adquisición" de 65 cámaras IP, con sistema soporte para 120 en total.
-Las cámaras debían ser monitoreadas por policías cuyos sueldos por un año estaban previstos en el dinero remitido; el Municipio licita para que las cámaras sean monitoreadas por personal municipal a su cargo.
-El valor estimado de cada cámara es de $ 40.600 aproximadamente, el Municipio oferta pagar $ 90.769 cada cámara.
-Las cámaras debían ser monitoreadas desde el Centro de Operaciones Municipal, coordinador de todos los elementos que conforman el programa; el Municipio licita para que las cámaras sean monitoreadas desde un Centro de Monitoreo, estanco, sin conectividad con los patrulleros, con lo cual pierde el carácter de Centro de Operaciones Municipal, para mantenerse como Centro de Monitoreo únicamente

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