La Justicia liberó a los 27 integrantes de la comunidad toba detenidos el martes tras un violento episodio por una disputa de tierras en la localidad formoseña de Laguna Blanca, en el que murieron un policía y un aborigen.

La liberación fue dispuesta anoche por el juez de instrucción de Clorinda Santos Gabriel Garzón. Los aborígenes habían sido detenidos tras los incidentes a metros de la ruta 86 originados en una disputa de tierras que la comunidad toba La Primavera consideran de su propiedad ancestral, mientras que una familia reivindica como propias.

Fuentes judiciales ratificaron que los muertos en el desalojo fueron dos, el policía Heber Falcón (34) y el aborigen Roberto López. Y se aclaró que otro integrante de la comunidad falleció en las últimas horas, pero no como consecuencia del enfrentamiento entre policías y aborígenes, si no por una enfermedad.

Entre los heridos, que se encuentran internados en el hospital de alta complejidad de Formosa, el que reviste mayor complejidad es el estado del aborigen Sixto Gómez, que está en terapia intensiva, en coma farmacológico. El toba Samuel Garcete (50) y el policía Leonardo Bence, se encontraban fuera de peligro. Otros dos integrantes de la comunidad permanecían internados en el hospital de Laguna Blanca y evolucionaban favorablemente.

En cuanto a la investigación, un grupo de policías buscaba hoy en la zona de montes cercana a la colonia La Primavera – a unos 190 kilómetros de la capital provincial- al aborigen Félix Díaz y a un grupo de allegados, a quienes la Justicia pretende tomar declaración por los disparos que ocasionaron la muerte del policía Falcón.

En tanto, en las próximas horas declarará ante el juez el comisario Rafael Muñiz, jefe del centenar de efectivos que el martes se dirigió al corte de la ruta nacional 86, que realizaban los aborígenes, supuestamente a detener a quienes horas antes habrían agredido con golpes a otros policías.

El conflicto que tuvo este martes un desenlace fatal lleva varios meses, ya que el grupo de pobladores originarios reclama un predio de unas 620 hectáreas que, a su vez, una familia –de apellido Celía- reivindica como propio y se lo vendió a la Provincia para la construcción de una sede universitaria.