Este martes se presentó la Mesa Local contra la Violencia Familiar en el Palacio Municipal donde estuvo la directora provincial de Políticas de Género, Silvina Rodríguez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

La mesa es un espacio interdisciplinario e interinstitucional previsto en el marco de a Ley 12.569 de Violencia Familiar y su formación incluye una instancia municipal.

Del lanzamiento participaron el intendente José Eseverri, el secretario y el subsecretario de Desarrollo Social del Municipio, Eduardo Rodríguez y Cristian Delpiani, respectivamente, y la referente del Consejo Local de los Derechos del Niño y el Adolescente, Silvia Díaz.

Eduardo Rodríguez presentó la mesa y explicó que “la idea de la conformación de esta mesa en lo local es generar un espacio para dar cumplir a la Ley 12569 y su decreto reglamentario, montar un espacio donde podamos establecer acuerdos sobre el marco teórico donde vamos a trabajar todas las instituciones vinculadas a esta problemática y también en los niveles de intervención, establecer una hoja de ruta donde podamos convenir la forma de trabajo de cada institución”.

Tal como expusieron los asistentes el objetivo es erradicar la violencia y que se establezca una referencia para trabajar sobre este tema.

Los convocados para formar parte del lanzamiento de la mesa fueron: el Juzgado de Familia, la Comisaría de la Mujer, Jefatura Distrital de Educación, la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Consejo Local, Área de Niñez y Adolescencia, Servicio Social del Hospital Municipal, Defensoría, el Programa Permanente de Estudios de la Mujer de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen y ONGs que trabajan en el tema.

Silvina Rodríguez, señaló que “la única forma de forma de trabajar la violencia familiar es hacerlo en red. El Ministerio de Desarrollo Humano es la autoridad de aplicación de la Ley, es el órgano que convoca a la Mesa Provincial Intersectorial de Violencia. Allí participan los distintos ministerios de la provincia que tratan temas de violencia, esta mesa articula con las mesas locales y desde allí hacemos un trabajo conjunto para toda la provincia”.

Silvia Díaz consideró que “esta experiencia de las mesas locales y el consejo local son más que importante” y describió “estamos en buena oportunidad en cuanto a las instituciones, el compromiso y la movilidad e interacción entre instituciones. Estamos en buen momento de pensar, planificar y coordinar actividades en concreto”.

Silvina Rodríguez agregó que “cada distrito tiene un problema distinto y tiene un porcentaje distinto de violencia familiar. En algunos ya trabajan articuladamente sin haber formado las mesas, porque a la víctima se la atiende de una manera u otra. La idea es que la víctima que está pasando por distintos lugares como es la comisaría, el hospital, que en todos lados le hablen el mismo idioma, y que todos podamos hacer que no sea revictimizada la persona. Y que realmente tenga una solución rápida”.

Por su lado, Díaz destacó que el principal cambio que se dio en los últimos años es “una toma de conciencia por parte de la mujer, del resto de los integrantes de la familia y de las instituciones también. Y lo que me parece importante es poder dar respuesta de manera concreta y coherente, porque tomar esta decisiones un paso muy importante”.

Ley 12.569

El primer artículo de la ley considera violencia a “toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito”.

Y en el segundo artículo se expone que “se entenderá por grupo familiar al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y/o consanguíneos y a convivientes o descendientes directos de algunos de ellos. La presente Ley también se aplicará cuando se ejerza violencia familiar sobre la persona con quien tenga o haya tenido relación de noviazgo o pareja o con quien estuvo vinculado por matrimonio o unión de hecho”.

Y establece claramente quiénes tienen las obligaciones de dar cuenta de estos hechos cuando las víctimas son menores, incapaces, ancianos o discapacitados, “estarán obligados hacerlo sus representantes legales, los obligados por alimentos y/o el Ministerio Público, como así también quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia y en general, quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar o tengan sospechas serias de que puedan existir. La denuncia deberá formularse inmediatamente”.