La audiencia, que estaba prevista para las 9:00 horas, comenzó pasadas las 9:45 horas. La recusación la planteó el defensor de los policías, Martín García Ongaro. Consideró que Saez Zamora, al momento de declarar la competencia de la justicia provincial, el pasado 24 de enero de 2014, conoció los hechos en forma anticipada a la audiencia de formalización.

El planteo llevó a un cuarto intermedio de unos 10 minutos. El fiscal Sancho rechazó la recusación, criterio que también adoptó el juez Saez Zamora. "Esto (en cuanto a los motivos de la recusación), según el sistema procesal haría inviable el sistema de justicia", destacó el magistrado.

La formalización implica, en principio, que hay elementos para investigar a los policías de los delitos que son acusados. Además otros dos policías están acusados de "Coacción y Daños": se trata de Pablo Montes y Silvio Rojas. Estos uniformados, de acuerdo al relato del fiscal Sancho, alrededor de las 14:15 horas del pasado 12 de diciembre se hicieron presente en la sede de Vialidad Provincial y "previo a violentar el portón de ingreso" e "intimidar a los presentes" cargaron combustible en un patrullero.

La acusación a los catorce policías de La Pampa se les formalizó por los hechos ocurridos en diciembre pasado, cuando encabezaron un acuartelamiento que incluyó la toma del edificio de Jefatura. A partir de hoy, el fiscal Sancho tiene 90 días para terminar la investigación. Si no llega en ese plazo tiene 90 días más. Finalizado ese lapso, el fiscal puede efectivamente acusar o pedir el sobreseimiento de los policías.

Los policías que acusados son: Julián Giménez, Luis Horacio Bruno, Fernando Rolhaiser, Diego Hernán López, Jeremías Martín Salvatierra, Carlos Daniel Gatica, Daniel Narciso López, Carlos Aníbal Mendibe, Marcelo Cisneros, Pablo Montes, Silvio Rojas y Roberto Germán Bartolomé. Además, los retirados José Luis Furriol y Rodrigo Wiggenhauser. Salvatierra y Rojas no estuvieron presentes y -tal como adelantó el fiscal Sancho- serán formalizados en otra audiencia.

"No tengo dudas de que Santa Rosa fue una zona liberada", sostuvo Sancho a la hora de sostener sus argumentos. Y destacó que los policías tenían como objetivo "arrancarle concesiones" al Poder Ejecutivo Provincial. "Cesó cuando lograron uno de esos objetivos", apuntó.

En cuanto a los reclamos, el fiscal sostuvo que "seguramente eran legítimos, pero son indamisibles los medios que utilizaron, como otra de las peticiones de descabezar la cúpula policial pidiendo las renuncias del jefe y del subjefe".

Sancho también habló de la "situación de riesgo tremenda" en que estuvo la ciudad y citó la "lo que pasaba en otras provincias". Durante los meses de febrero y marzo, Sancho indagó a los supuestos cabecillas del acuartelamiento pergeñado los pasados días 11 y 12 de diciembre. Fueron quince uniformados los que fueron desfilando ante el fiscal. Solo uno habló y dijo que no estuvo en la toma del edificio de la Jefatura. El resto optó por hacer silencio ante el fiscal por consejo del defensor.

Al final de la audiencia, Saez Zamora aclaró que "esta formalización es una situación provisoria que se podrá cambiar a lo largo de la investigación".

Los policías participaron del acuartelamiento del 11 y 12 de diciembre del año pasado, que derivó en la toma del edificio de la Jefatura de la Policía de La Pampa.

La primera intervención en estos hechos ocurrido en el mes de diciembre del año pasado fue de la justicia federal, a través del fiscal Juan José Baric.La jueza federal, Iara Silvestre declaró la incompetencia de la justicia federal, lo que derivó la causa al fuero provincial.

Seis años

El delito de sedición (que figura en el art, 229 del Código Penal) con el que podrían acusar a los 14 policías pampeanos prevé penas de prisión de uno a seis años.

Está tipificado para aquellos que “sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley‘.