De acuerdo al diccionario alperovista, una buena gestión se define a partir de la consolidación de la obra pública como eje del movimiento dinamizador que posibilite mejoras en el plano social de los sectores más excluidos, como así también el otorgamiento de beneficios que impacten en la actividad productiva y laboral de la provincia.

Con ese concepto como guía, los legisladores del oficialismo avalaron ayer un paquete de leyes que habilitan a la administración comandada por José Alperovich, por un lado, a subcontratar no menos del 30 por ciento de total de obras y servicios de infraestructura a empresas radicadas en Tucumán y que fueran adjudicadas para el "Emprendimiento Manantial Sur".

Asimismo, el bloque justicialista dio aval para posibilitar la autorización al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU) para la realización de contrataciones directas orientadas a la ejecución de mejoramientos y soluciones habitacionales en la geografía local. El monto total de esta licitación ronda los 240 millones de pesos y comprende la realización de 1.000 casas y 2.000 soluciones habitacionales.

Como era de esperarse, la oposición puso sus reparos al respecto y votó en contra de ambas iniciativas. No sin antes reflejar en las bancas refractarias un alto malestar ante la decisión de los parlamentarios peronistas de unificar las iniciativas, lo que impidió que el debate pueda explayarse en lo que concierne a la segunda de las propuestas en tratamiento.

Quien expuso las cualidades generales del proyecto de subcontrataciones como así también justificó el avance de esta iniciativa, fue el titular de la Comisión de Obras Públicas, José Teri. "Presentamos esta idea porque no puede negarse la dificultad que acarreó este año el tema de la obra pública a raíz de la disminución del nivel de ejecución en el sector de la construcción", remarcó.

A su vez, indicó que el lote en el cual se llevarán a cabo los trabajos respectivos corresponde a 150 hectáreas, aunque luego reconoció que tal espacio se extiende a más de 200 hectáreas, en las cuales se procederá a concretar trabajos de pavimento, como así también redes de distribución de agua potable y gas. "Apostamos a fomentar la cultura del trabajo para reactivar la obra pública", señaló Teri.

Al momento de postular las objeciones para con este proyecto, el radical Roberto Sánchez, sostuvo que "obedece a la improvisación de políticas de estado que hizo de la excepción la regla. No tiene una línea de fundamento, es algo sin razón porque se cambian las reglas de juego de la noche a la mañana (cabe indicar que el proyecto macro fue aprobado hace seis meses) Cuál es la necesidad de improvisar y elegir a dedo cuando se habla de millones de pesos en juego", se preguntó el ex corredor de rally.

En tanto, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) cargó contra la discrecionalidad con la que se manejó el oficialismo "con plata que es de la gente". Aseveró que desde el Gobierno "no saben qué hacer con los fondos públicos, seguramente hay alguien que quiere meter empresitas amigas", lanzó.

Por esta razón, el republicano instó a sus pares a incorporar en la ley un artículo donde se consigne que no se podrán considerar en el proceso a firmas cuya titularidad esté en manos de personas vinculadas a funcionarios públicos. Propuesta que ni siquiera fue tenida en cuenta por la bancada "Tucumán Crece" que no aceptó ningún tipo de modificación del texto que llegó al recinto.

Al momento de hacer uso de la palabra, Silvia Elías de Pérez (UCR) cuestionó la esencia misma de la iniciativa al alegar que "todo plan de desarrollo territorial debe ser tomado en cuenta desde una perspectiva estratégica y no apelar a sucesivos parches, a las apuradas, sin corregir el fondo de la cuestión".

Posteriormente, calificó de "extraño e innecesario" al proyecto en cuestión y elevó objeciones al titular del IPVDU, Gustavo Durán, al sostener que "ya le dimos un cheque en blanco para que adjudique de la manera que quiera el total de las contrataciones y ahora hacemos lo mismo con las subcontrataciones", señaló la correligionaria.

El justicialista Alejandro Martínez defendió la idea, pues consideró que la misma "nace como una urgencia laboral y a instancias del gremio de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción)". Paralelamente, dio sus argumentos para desechar la posibilidad de homologar las licitaciones en lugar de contrataciones directas. "Las licitaciones no son lo más claro que pueda haber, porque una empresa que emita una queja en el proceso hace que se nos caiga el programa de obras con lo que se forma un caos", explicó.

Finalmente, el presidente de la bancada peronista, Roque Tobías Álvarez, adujo que se favorecerá a muchas empresas autóctonas ya que "la totalidad de las firmas serán tucumanas porque no creo que a empresas de Salta o Córdoba les sea conveniente traer hormigón a la provincia. Nos critican porque muchas veces la necesidad tiene cara de hereje, pero aún así lo vamos a afrontar", concluyó Álvarez.

Antes de la votación, el justicialista pidió que ambos proyectos se unifiquen al considerar que contemplaban casi idénticos argumentos que pudieran exponerse. La solicitud fue acompañada por sus pares de bancada, pero con la negativa de la oposición. Esta situación desató el enojo de Elías de Pérez, quien, en voz alta, ya que su micrófono no fue habilitado, exclamó "lo de ustedes (por el PJ) es vergonzoso, ya ni siquiera quieren escuchar lo que uno piensa".

Luego de ello, levantó sus cosas del pupitre y procedió a abandonar el recinto con cara de muy pocos amigos. Posteriormente, se procedió a la votación en la que el oficialismo estampó su abrumadora mayoría para imponer el aval para ambas propuestas.

El 8N, la marcha que inquieta al oficialismo y a la que se suben los opositores

Ricardo Bussi: Sin estructuras, choripanes, tetra brick, sin micros y bolsones, habrá una marcha motivada por la indignación a la política kirchnerista. Seguramente, los medios oficialistas y para-oficiales influenciados por la plata, mirarán para otro lado.

Este Gobierno merece la marcha porque procede constantemente a negar la realidad, no quiere entender lo que sucede y por ello apela al agravio e insulto a los manifestantes.

Sin dudas será un día de coraje cívico.

Jesús Salim: Hay algunos dirigentes políticos que odian a nuestra Presidenta y se presentarán a una marcha a la que no fueron convocados.

La marcha es claramente opositora, impregnada de violencia y odio. Es una novela política montada sobre falacias.

La protesta no ofrece más propuestas que la movilización en sí. Pero nosotros posibilitamos la libertad de expresión.

Sería muy triste encontrarme en esa plaza con funcionarios fracasados como Bussi.

Roberto Sánchez: El clima creado alrededor de esta protesta refleja el constante y creciente malestar social que a estas alturas resulta imposible de ocultar.

No es posible que se siga hablando de bandos porque esta postura no le hace bien a la sociedad ni tampoco el fomentar la constante división.

Quienes más poder ostentan deben ser aquellos que asuman la responsabilidad de fomentar el diálogo que toda la sociedad reclama y que desde el oficialismo hacen oídos sordos.

Sisto Terán: Me fastidian de sobremanera las cacerolas que constituyen la figura más patética de la identidad democrática. La cacerola es la simbología de la antipolítica.

Es indudable que detrás del 8N está el Grupo Clarín quien no quiere que llegue el 7D. Necesitamos que la institucionalización de la oposición se manifieste en forma pacífica y no violenta.

Pero la cacerola es un instrumento de percusión vacío que no gobierna ni toma decisiones, solamente expresan el odio y el resentimiento.

Roque Álvarez: Lo único que hace la oposición que asistirá es espantar a los ciudadanos que concurrirán a la marcha. El Gobierno no propuso una contramarcha porque buscó la concordia entre los argentinos, lo que no significa que todos pensemos igual.

La marcha es fundamentalmente de derecha y al no tener propuestas, es un desperdicio. El problema de todo esto es que no tenemos oposición que represente a los reclamos. Por eso, el próximo gobierno será peronista, con o sin reforma constitucional.