En la denuncia, el Fiscal Pettigiani hace hincapié en manifestaciones del Comisario Inspector de la policía de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Salvá, del concejal Guillermo Schütrumpf, y de la legisladora Julia García.

Con respecto a las declaraciones del Dr. Salvá, Pettigiani indicó que “resultan de suma gravedad, no solo porque quien las vierte es un funcionario público en actividad que forma parte del sistema penal, lo que permite inferir que en conocimiento de la responsabilidad que le compete por la calidad que inviste sus dichos están sustentados en elementos de convicción suficientes para abrir el debate público, sino también, porque de las mismas se desprende la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial contra la administración Pública Nacional, dado que se pone en tela de juicio el manejo que el Poder Ejecutivo de esta ciudad ha efectuado en relación a los fondos que le fuesen girados por el Estado Nacional para combatir la inseguridad en el marco de un plan integral”.

A su vez, el Fiscal remarcó que “las sospechas sembradas por el Comisario Inspector Salvá, permiten presumir que de constatarse a partir de la apertura y profundización de la investigación que se incoa la comisión de un hecho ilícito, el mismo se subsumiría entre otros, en el tipo penal previsto y reprimido por el artículo 174 inc. 5 del Código Penal, calificado como ‘Defraudación contra la Administración Pública'”.

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Por su parte, la titular del bloque de diputados del GEN, Margarita Stolbizer, presentó un pedido de informe solicitándole al Gobierno Nacional información referida a la utilización de fondos destinados a equipamiento e infraestructura, en materia de seguridad para los municipios.

En el caso de Mar del Plata, según la legisladora nacional, los recursos “han sido malversados en forma grosera. Tenemos fundadas sospechas de corrupción. Acá hay una responsabilidad primaria y principal del gobierno municipal”.

Por su parte, el Juez Federal Alejandro Castellanos no hizo lugar al pedido formulado por el Secretario de Gobierno de la Comuna, Ariel Ciano, para que la Municipalidad sea parte querellante en la causa Nº 17.071 caratulada "Pettigiani Juan Manuel s/ Dcia" por la cual se investiga la posible defraudación y/o malversación de caudales públicos en los fondos destinados por el gobierno nacional a la Comuna para mejorar la seguridad en esta ciudad.

En su resolución, el Magistrado indicó que el Fiscal Kishimoto, quien lleva adelante la causa, dio cuenta que resulta materia de investigación el “presunto desvío y/o sustracción por parte de funcionarios públicos de la Municipalidad de General Pueyrredon, de dinero proveniente de fondos nacionales, lo que no habrían sido rendido por el intendente de la Municipalidad de General Pueyrredon”.

“Hasta tanto no se cuente con un cuadro más acabado sobre la entidad y gravedad de la maniobra ardidosa, como así también, la identificación de los eventuales partícipes en la misma, no es posible despejar las sospechas de responsabilidades que el agente fiscal ha deslizado respecto de los funcionarios y agentes del gobierno municipal en su requerimiento instructivo”, remarcó el Juez.

CASI 10 MILLONES DE PESOS PARA RESAKA

Entre combustible, reparaciones, insumos y gastos de alojamiento de Prefectura, la municipalidad local ya usó casi 20 millones de pesos, tomando en cuenta las compras adjudicadas y las que están en trámite. Con los primeros 13,8 millones de pesos, según establece el convenio firmado con la Nación, debía instalarse un sistema de videocámaras en la ciudad, un sistema de monitoreo satelital de patrulleros, incorporar policías retirados y nuevas patrullas, y formar una red de alerta vecinal, entre otras premisas, pero parte de ellas -por diversas razones-, no se llegó a concretar.

La Comuna de General Pueyrredon le pagó casi 10 millones de pesos a la firma RESAKA SRL para alojar a Prefectura en un hotel de Chapadmalal.

El diputado provincial del Partido Socialista, Carlos Nivio, denunció que “Resaka SRL es también proveedora de servicios de gastronomía para el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Hospital General de Agudos ‘Gobernador Domingo Mercante’, de José C. Paz y La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, contrató en forma directa el servicio de alojamiento con esa firma -concesionaria del Hotel N° 8 de la Unidad Turística Chapadmalal-, para el hospedaje de efectivos de Prefectura Naval Argentina. Resaka registra su sede en la ciudad de Mar del Plata, aunque los domicilios consignados no se corresponderían con la misma o no habrían podido ser ubicados, habiéndose constatado oficialmente que la compañía no cuenta con local habilitado para el servicio que brinda; aunque se encuentra inscripta en el registro de proveedores del Estado”.

A su vez, el legislador marplatense señaló que “también la empresa Resaka SRL fue contratada en los últimos años -en algunos casos en forma directa-, por el Ente Interjurisdiccional Administración de Punta Mogotes. Sin embargo se desconocen los trabajos que le fueron adjudicados, ya que el complejo de balnearios cuenta con sus propios restaurantes. Numerosos cuestionamientos y las sospechas han vinculado en los últimos meses a la empresa Resaka SRL, en relación con diversas contrataciones por las que se ha visto favorecida tanto por el Estado nacional, como provincial y municipal. Entre otros aspectos, existen dudas con referencia a los motivos que han determinado contrataciones directas, las cifras abonadas en función de las mismas, la posible relación de integrantes de la firma con funcionarios, así como la propia ubicación de sus dependencias”.

HABLA EL FISCAL KISHIMOTO

En declaraciones a FM Ciudad 99.1, el Fiscal Claudio Kishimoto explicó este jueves que “esta causa está en trámite. Tiene algunos vericuetos bastantes interesantes. Se está tratando de investigar la malversación de una determinada cantidad de dinero, que sería superior a los 14 millones de pesos. Esta tratándose de investigar si fue mal usada o bien usada, en eso consiste la malversación”.

“Se trata de investigar la partida de dinero, si fue controlada oportunamente tanto por el estado nacional, provincial y municipal y si fue controlada la asignación de los recursos. Si esa asignación está dirigida para un determinado fin y si ese fin ha sido desviado o no”, añadió.

En cuanto a las declaraciones testimoniales que se han tomado en el marco de la señalada causa, el Fiscal informó que “han concurrido a declarar testigos pero no funcionarios municipales”.

En ese sentido, dijo “que más que declaraciones testimoniales, debemos recurrir a la documentación que corrobore si los pasos anteriormente mencionados se han dado en esos términos. Es muy abundante la documentación. Una vez que determinamos la existencia del delito tenemos que ir en función de quienes fueron los responsables. Este causa todavía tiene un estrecho por andar”.

“Una de las cuestiones es los montos destinados a prefectura, si la prefectura intervino normativamente; que es lo que lo facultaba para intervenir; los gastos que se ocasionaron y así una asociación de cosas. La Prefectura es una de las patas de la investigación”, amplió.

En relación a las resoluciones emanadas por la Nación y la Provincia, aclaró que “una cosa es aprobar a cuerpo cerrado una cantidad determinada de dinero y otra cosa es determinar si cada ítem de dinero gastado fue bien realizado, son dos cosas totalmente distintas. Esta es una cuestión que habrá que profundizarla”.

Finalmente, manifestó que “es una investigación compleja porque intervienen distintos actores y hay diferentes vericuetos” y recalcó: “la causa no está dormida, está avanzando”.

La investigación que lleva adelante el Fiscal Federal, Claudio Kishimoto, amenaza en convertirse en el mayor escándalo de corrupción en el gobierno de Pulti.