Los pesqueros de la Flota Amarilla negaron hoy que tengan responsabilidad en la amenaza de muerte que recibió un empresario mientras se negociaba el resarcimiento económico para su sector.

“No sabemos quien amenazo a Jones durante la reunión y nosotros no tenemos nada que ver con el hecho”, afirmó David Angelelo a la Agencia de Noticias Austral.

En la noche del miércoles una intensa reunión llevada a cabo entre empresarios caletenses y pescadores de la Flota Amarilla, con la mediación de autoridades del Gobierno de la Provincia fue suspendida ante una amenaza telefónica que recibió Luis Jones, representante de los armadores de la Asociación Flota Amarilla.

Según un comunicado oficial mientras se discutían los últimos detalles que derivarían en el acuerdo entre las partes, el empresario Jones recibió una comunicación a su teléfono celular, en la cual le advertían que “si no pagaba”, corría en riesgo tanto su vida como la de su familia.

Pero trascendió que la parte empresaria se negaba a desembolsar 3 mil pesos para completar un total de 6 mil para el denominado “resarcimiento económico” para los pescadores.

Para Angelelo este hecho “fue armado” para trabar las negociaciones. “El Estado se había puesto de garante para que los empresarios paguen los sueldos que no lo hacen desde el mes de diciembre”, sostuvo el vocero de los marineros.

En tanto, el secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez calificó de “suceso” la amenaza a Jones y aseguró que se habían establecido una serie acuerdos entre las partes con algunas modificaciones propuestas por los empresarios pero “a último momento tuvimos una situación desagradable. El representante de los dueños de los barcos recibió una amenaza que fue escuchada por varias personas a teléfono abierto, esto desencadeno que se levantará la reunión”, detalló Santibáñez a declaraciones a la emisora LU 14.

El gobernador Daniel Peralta se reunió el martes en la localidad de Puerto Santa Cruz con delegados de la Flota Amarilla, quienes desde la semana pasada demandaban subsidios en las puertas de Casa de Gobierno ante la escasez del recurso ictícola.

En la reunión los pescadores habrían pactado un monto de 6 mil pesos como lo venían demandando desde la semana pasada cuando trasladaron su reclamo a Río Gallegos. Este principio de acuerdo se trataba de sellar ayer en Piedra Buena y consistía en que 3 mil pesos desembolsaba el Gobierno y los 3 mil restantes los propietarios de los barcos que se habían trasladado desde Caleta Olivia a Piedra Buena.

Según lo vertido por los trabajadores, ya se están recibiendo telegramas de despidos a la mayoría de sus compañeros, por lo que “solicitamos también que reintegren a todas aquellas personas que fueron despedidas y suspendidas por reclamar sus derechos como trabajadores, que se suspenda cualquier tipo de persecución laboral, gremial, como así las denuncias penales en contra de los delegados de la Flota Amarilla; manteniendo la paz social del sector pesquero”, aseguran. Uno de los voceros principales, Orlando Cejas dijo que “después de haber formulado nueve borradores de actas, seguimos con el mismo inconveniente ya que esta gente desoye las órdenes del Gobernador, tanto sus ministros como sus empresarios”, agregando que “le pedimos a Peralta que tome otra vez el toro por las astas para que los empresarios pongan la plata y salgan a trabajar”.