General Pico (Agencia) - Como carta de presentación tras su reciente formación legal, la Asociación de Fiscales de La Pampa manifestó su “solidaridad” y “preocupación” con los fiscales de Santa Fe, luego de que en esa provincia se sancionara días atrás una ley que deja a los investigadores y a los defensores oficiales bajo el control de la Cámara de Diputados de esa provincia. Consideraron los pampeanos, entre otras cosas, que la nueva legislación “pretende el control de la Justicia, violando llamativamente la división de poderes”.

La semana pasada la Legislatura santafesina sancionó de forma unánime una ley mediante la cual se coloca como organismo de control del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa, en reemplazo de la Auditoría General de Gestión, un organismo perteneciente al Poder Judicial. Esto desató una polémica que superó los límites de Santa Fe y tuvo impacto en otros puntos del país, como por ejemplo en nuestra provincia, donde los fiscales se manifestaron al respecto.

En una carta dirigida al presidente de la Asociación de Fiscales de Santa Fe, el doctor Fernando Rodrigo, con fecha del jueves 7 de diciembre y firma de la presidenta Verónica Campo, la Asociación de Fiscales de La Pampa expuso su apoyo a sus pares, al considerar que la modificación realizada por los diputados vulnera la independencia del Poder Judicial.

“Nos dirigimos a ustedes a fin de hacerles saber que compartimos vuestra preocupación y alarma institucional, frente a la sanción de la ley que modifica la ‘Ley Orgánica del Ministerio Público Acusatorio (MPA) de la provincia de Santa Fe’”, expresaron los fiscales pampeanos en la misiva.

“Entendemos que dicha ley constituye una directa afectación a la independencia funcional de los fiscales, quienes representamos como titulares de la acción penal, los intereses de las víctimas y la sociedad toda. Así es de dicha representación con que la Constitución Nacional nos ha honrado que debemos, entre nuestras principales funciones, controlar la actividad estatal. Función que claro está no existe sin independencia funcional e institucional”, remarcaron.

“No podemos, como parte de un Estado democrático, tolerar embates de esta naturaleza en desmedro de nuestro sistema republicano de gobierno. Pues este tipo de regulaciones legislativas, que proponen la remoción arbitraria de los funcionarios encargados de la investigación de ilícitos, conspira contra la calidad institucional, el afianzamiento de las instituciones y la Justicia, la averiguación de la verdad y, por sobre todo, pretende el control de la Justicia, violando llamativamente la división de poderes”, afirmaron por último.