Un grupo de fiscales envió una nota a los camaristas federales pidiendo que revean criterios severos de condena y así facilitar excarcelaciones y la libertad anticipada de internos por el hacinamiento. En 20 meses, aumentó un 46% la cantidad de detenidos por narcotráfico y trata de personas.

Pero también, según el criterio de los fiscales, este aumento de presos varias veces superior a la media nacional, indica que es “más dura” la posición de los jueces mendocinos a la hora de definir las excarcelaciones y prisiones domiciliarias. 

La nota en la que se plantea la necesidad de reducir la población carcelaria fue enviada a la Cámara Federal el 24 de octubre pasado y, luego, fue reenviada a los jueces de primera instancia y del tribunal oral. Está firmada por los fiscales Dante Vega (Fiscal General subrogante), María Alejandra Obregón, Fernando Alcaraz (subrogante) y Patricia Santoni (subrogante). También participaron de la reunión en la que se hizo este planteo Pablo Garciarena (subrogante) y María Gloria André.

En otro párrafo, la nota enviada por los fiscales argumenta que: “Para agosto de 2014, el 78% de los detenidos a disposición de la justicia federal en las cárceles mendocinas se encontraba encarcelado preventivamente, mientras que la cifra de detenidos a disposición de la justicia nacional es de 55,9% en igual periodo. Lo que equivale a una diferencia de 22 puntos porcentuales”. Y remarca el salto de un mes a otro: “En agosto la cifra total de detenidos era de 609 y en septiembre ascendió a 639”. 

En la recomendación del organismo kirchnerista Procuvin se menciona que este fenómeno de crecimiento de detenidos federales “implicó la instalación dehacinamiento carcelario como una constante para el conjunto de personas privadas de libertad bajo disposición de los órganos judiciales provinciales y federales en los establecimientos de Mendoza”. Describe la problemática: “El hacinamiento constituye un fenómeno de extrema gravedad institucional, en la medida en que agrava las ya deterioradas condiciones materiales de detención, fomenta los conflictos interpersonales y de los hechos de violencia y expone a la muerte a personas detenidas…” 

Algunas causas del aumento de presos en las cárceles, según Procuvin y los fiscales federales, son: “Falta de agilidad en los mecanismos de excarcelación o libertad anticipada y aplicación de criterios severos para el dictado de la privación de libertad durante el proceso”. Y sostiene: “la demora en los trámitesjudiciales, durante la aplicación de la prisión preventiva, impacta directamente en la violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

 Procuvin detalla cuál es la situación en las cárceles mendocinas de acuerdo a inspecciones: “hacinamiento, malas condiciones materiales de detención, violencia, desatención a la salud, falta de educación y trabajo, degradaciones vinculares y personales progresivas”.

 Con estos argumentos, los fiscales dicen: “Consideramos oportuno poner en conocimiento a los señores jueces federales, todos los informes relativos a la situación procesal e institucional de los detenidos y detenidas por delitos federales en Mendoza”. Y concluyen: “Se torna imprescindible y urgente la adopción de medidas para revertir una situación alarmante y que tiende a agravarse”. 

La posición de los jueces 

Los camaristas mendocinos resisten esta tendencia progresista que se conoce como “la puerta giratoria”. “Los fiscales piden excarcelaciones adhiriendo a la postura de la defensa, pero cuando encontramos personas que no se adecuan a derecho, no le damos la excarcelación”, dijo terminante el presidente de la Cámara Federal Juan Antonio González Macías. Para definir la situación procesal de un preso, los jueces evalúan el grado de peligrosidad del individuo, la característica del delito, los antecedentes, el arraigo (si tiene empleo, condiciones en que vive, etc,) y el peligro que significa su excarcelación para la población. 

Qué dice el Gobierno provincial 

Los datos del Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos, de quien depende el servicio penitenciario provincial, indican que hay 4.246 internos en Mendoza, de los cuales 1.978 son procesados y 2.268 condenados. Del total, 639 son internos federales lo que representa un 15 %. 

El ministro Rodolfo Lafalla admite que la población penal ha ido en aumentando a un ritmo entre un 7 y 10% anual en promedio: “Actualmente tenemos una tasa de encarcelamiento de 2,4 internos cada 1.000 habitantes, número bastante alto para la provincia”. 

El diagnóstico de la gestión de Paco Pérez indica que los complejos penitenciarios provinciales existentes, Boulogne Sur Mer, San Felipe y Almafuerte, “se encuentran colapsados en su capacidad de alojamiento”. Sostiene el Ejecutivo que, conforme las exigencias del derecho internacional de derechos humanos, es obligación del Gobierno provincial adoptar las medidas que resulten adecuadas y necesarias para asegurar el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todos sus habitantes, incluidos aquellos que se encuentran privados de la libertad. 

Para resolver la problemática de los presos hacinados, el Ministerio de Gobierno promueve la construcción de una cárcel construida por privados, la incorporación de pulseras magnéticas para controlar a los presos con prisión domiciliaria y la ampliación de penales. Entre ellos, el Centro Federal Penitenciario de Cuyo, destinado a alojar detenidos a disposición de la Justicia Federal, que tendrá 536 nuevas plazas y se encontrará ubicado en el predio contiguo al Complejo Almafuerte de Cacheuta. Está previsto inaugurarlo a mediados de 2015, con fondos nacionales. “Este nuevo complejo penitenciario federal descomprimirá nuestras cárceles”, dice Lafalla. 

Beneficios a detenidos en el sistema penitenciario mendocino 

Libertades condicionales 

Se otorgan a los tres cuartos de la condena y demás requisitos (requisitos Art. 13 y cctes. CP). Desde el año 2000 se han concedido 1.481 beneficios, lo que arroja un promedio de 106 beneficios por año. 

Libertades asistidas 

Se otorgan seis meses antes de cumplir la condena (Art. 54 Ley 24660) o tres meses antes (Art. 68 Ley 8465). Se han otorgado 382 libertades asistidas, lo que arroja un promedio de 29 beneficios por año. 

Prisión domiciliaria 

La prisión domiciliaria se concede de acuerdo a los requisitos previstos en la Ley 24660 (o en el caso de internos provinciales con hechos posteriores al 17 de octubre de 2012 por la Ley 8465). En la actualidad, existen 312 internos con prisión domiciliaria lo que representa un 8 % sobre el total de los internos. A su vez se observa que la cantidad de domiciliarias entre mujeres es muy similar a la de los hombres, siendo que la proporción entre hombres y mujeres ronda el 2,5 % de la población penitenciaria. Del total de internos con prisión domiciliaria (312) 161 son federales y 151 provinciales. “Se observa un bajo nivel de beneficios otorgados y mayor cantidad de prisiones domiciliarias en presos federales cuando la población de internos federales es mucho menor”, dice el informe del Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos de Mendoza.