El cauce judicial del expediente referido a las irregularidades en la contratación de cursos odontológicos seguirá por dos caminos. La fiscala María de las Mercedes Carrizo tiene previsto elevar una copia del expediente al juez Juan Francisco Pisa, para que el magistrado evalúe la situación del ministro de Salud, Pablo Yedlin.

Durante la audiencia que concedió a los trabajadores autoconvocados, la funcionaria ratificó su compromiso con la investigación y detalló algunas de las medidas dispuestas. Por ejemplo, que ya cuenta con copias de todas las actuaciones administrativas vinculadas a la Fundación Salud (Funsal) en el Estado. También, que tomó declaración testimonial a empleados del Siprosa que figuran como asistentes a los cursos por los que Yedlin pretendía pagar $ 800.000.

Carrizo tiene previsto avanzar con las actuaciones complementarias, referidas puntualmente a aquellas personas mencionadas en la causa que no gozan de privilegios procesales. Por ejemplo, los funcionarios Alberto Sabaj y Daniel Alvarez Garmendia, y el presidente de la Funsal, Héctor Silva Olivares. Además, no se descarta que haya otros funcionarios del Siprosa involucrados. En tanto, remitirá el expediente al juez Pisa para que este determine la situación de Yedlin. Principalmente, basándose en que cualquier investigación jurisdiccional en contra de un ministro del Poder Ejecutivo debe ser autorizada e instruida por un juez, ya que estos gozan de prerrogativas constitucionales.

La funcionaria ya había formulado una requisitoria penal en abril, pero el magistrado la declaró nula por cuestiones formales.