El escándalo originado por las supuestas irregularidades cometidas en el manejo de los fondos del Programa Pro Igualdad de Oportunidades (PIO), que maneja el ministerio de Desarrollo Social de la provincia, destinados a la compra de alimentos para el refuerzo de las meriendas de los alumnos de la Escuela Provincial Nº 994 "Rivadavia-Belgrano", tuvo días atrás un avance en la dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Educación.

Desde esa oficina se decidió firmar una disposición en la que se determina un procedimiento especial, previsto en el Decreto Nº 641/02, para tratar de establecer la responsabilidad por las irregularidades que fueron puestas en evidencia por la directora del PIO, Jimena Moreno, en una reunión en la que participaron padres, docentes y directivos de la Escuela.

Además, la misma disposición firmada en el área jurídica del ministerio establece que se investigarán supuestas faltas cometidas en el manejo administrativo general e interno de la escuela, aunque no solo en el plano económico.Este procedimiento, señalaron fuentes del área consultada por este diario, es abreviado para facilitar la investigación y, además, para que las autoridades tomen medidas más rápidas al respecto. En general, en menos de 2 semanas tendrían que estar resueltas prácticamente las principales preguntas con las que se originó la investigación.

Además de esta determinación del área jurídica de Educación, también se conoció que se tomó la determinación de enviar parte de las actuaciones realizadas hacia la oficina de Fiscalía de Estado. Estas actuaciones están referidas a los contratos que celebraron las autoridades de la Escuela Nº 994 con los dueños u ocasionales representantes de los locales que están instalados en la vereda del edificio escolar.

En este marco, tal como lo informó en exclusiva este diario, se conoció que una de las firmas ligadas a los locales allí dispuestos, "Supercongelados SA" que representa a helados Grido en la ciudad Capital, habría firmado un contrato de alquiler por una suma mensual de $9.000 para establecer el local de venta de helados.

El resto de los comercios, que son 8 en total, pagarían también con contratos precarios sumas que oscilan entre los $2.000 y los $3.000 a la cooperadora de la Escuela. El alquiler de la vereda

Más de un funcionario, tanto del ministerio de Educación como de la Municipalidad de la Capital, pasaron por el frente de la Escuela Nº 994, pero nadie (hasta ahora) se preguntó por qué se estaba ocupando el espacio que forma parte de la vereda de la escuela. Nadie tampoco intervino ni actuó para tratar de verificar por qué se pagaban alquileres por esos locales o por qué la comuna capitalina les otorgaba permisos precarios de ocupación y hasta les requería el pago de impuestos municipales a los propietarios.

Literalmente, quienes firmaron contratos con la dirección de la Escuela (ejercida actualmente por Ana Albarracín) pagan por hacer funcionar su local en la vereda de una calle. El costo es llamativo: otro local en la Peatonal Rivadavia cuesta hasta $27 mil pesos de alquiler mensual.

Un funcionario de la Municipalidad señaló que "alegan que lo hicieron en buena fe, pero es como si les alquilaran la calle". Una situación similar a la que se produjo en la venta de terrenos que eran ocupados ilegalmente en el norte de la Capital, y que se ofrecían a la venta por muy pocos pesos.