La investigación que el fiscal Washington Navarro Dávila lleva a cabo para dilucidar la existencia de una "Municipalidad paralela" tuvo un giro inesperado cuando citó a declarar de "urgencia" al secretario de Gobierno, Marcos Díaz. El fiscal habló de "encubrimiento" por parte de funcionarios municipales y el amayismo a pleno salió a cruzarlo, respondiéndole que hace campaña política y que tiene "apetencias electorales". Pero más allá de los cruces mediáticos, la pesquisa por parte de la Fiscalía Vº sigue su curso.

Según fuentes tribunalicias, Navarro Dávila intenta comprobar si algunos funcionarios municipales de segunda y tercera línea tendrían alguna participación directa en los negocios que inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) habrían montado de manera paralela a sus empleos como agentes municipales.

Es el caso de uno de los inspectores de la Dipsa, que están siendo investigados por gestionar el supuesto cobro de tributos que nunca ingresaron a las arcas municipales. Según esta línea investigativa, el trabajador -que fue separado momentáneamente del cargo- habría montado un lavadero industrial de ropa en Maipú al 2.200 de la capital. Y, según fuentes judiciales, el pariente de un asesor letrado de la Dipsa y el inspector sospechado figurarían como propietarios de la empresa. En los Tribunales sospechan que un familiar del funcionario de la Dipsa sería el propietario del pistolón que fue encontrado cuando la Fiscalía Vº allanó el lavadero.

Como en la investigación no se dispuso el secreto de sumario, el fiscal decidió dar a conocer los nombres de los dos inspectores de la Dipsa y del empleado de una empresa mayorista que son investigados por la supuesta triangulación en el cobro irregular de tributos. "No se dispuso el secreto de sumario y no tengo problema de dar los nombres de las personas acusadas porque esta Fiscalía no va a ocultar nada de la investigación. Estas personas son Ariel García Isidro, que es un particular, y los inspectores de la Dipsa Luis López y Gabriel Gerez. López es el dueño del lavadero, porque él mismo me lo confirmó cuando realizamos el allanamiento. Estas son las tres personas que están siendo investigadas, aunque no descartamos que más individuos estén involucrados", expresó Navarro Dávila.

El martes, un equipo de LA GACETA fue hasta el lavadero industrial ubicado en Maipú al 2.200. Un portón verde de hierro es el único acceso de ingreso al inmueble. En el interior sobresale a la vista un galpón donde funcionan las 12 máquinas industriales que serían utilizadas para el lavado de ropa de cama de hospitales, hoteles y sanatorios privados. En el portón también se observan los vestigios de pegamento de lo que alguna vez fue una faja de clausura. Segundos después de que sonara el timbre, un joven que dijo trabajar allí afirmó que el propietario no estaba en el negocio. "El señor López no se encuentra. Si usted quiere déjeme su teléfono y él se va a comunicar", comentó el empleado.

El martes de la semana pasada, el lavadero fue allanado por orden del fiscal Navarro Dávila. Los investigadores se sorprendieron de la magnitud del comercio. Pero la mayor sorpresa fue el hallazgo de expedientes de una oficina de la Dipsa, distinta a la que prestaban funciones los inspectores. También se halló un pistolón calibre 32, una cartuchera con proyectiles que corresponderían a esa arma, y 28 cartuchos de escopeta. Estos elementos fueron remitidos a la Fiscalía de Instrucción de la VII Nominación, a cargo de Arnoldo Suasnábar.

El martes último, la Fiscalía Vº citó a declarar, además de Díaz, al director de la Dipsa, Miguel Ángel Molins. Y según informaron desde Tribunales, Molins había declarado que la lavandería no contaba con la habilitación de la Dipsa.

La investigación comenzó en octubre del año pasado. Dos inspectores son investigados por haber hecho -supuestamente- de gestores en el pago de tributos que nunca fueron rendidos en las arcas municipales. El hecho salió a la luz luego de que una empresa solicitó que se le expidiera un certificado de libre deuda, pero Ingresos Municipales le respondió que adeudaba más de $ 1 millón por el Tributo de Emergencia Municipal (TEM).