En momentos que el ex gobernador Juan Carlos Romero más necesita de un envión que termine de convencer a su amigo, el juez federal 2, Miguel Medina, para que acepte hacerse cargo de la causa del hangar y frenar así el juicio que se cierne en su contra, ayer se conoció que el Fiscal Federal 1, Ricardo Toranzos, dictaminó en contra de los deseos del necesitado senador nacional.

El dictamen del representante del Ministerio Público de la Nación en torno a este conflicto de competencia se conoció ayer al mediodía, cuando toda la atención estaba centrada en los tribunales de calle Deán Funes y España a la espera de que el juez Medina se expida sobre el asunto.

Con este dictamen, la mochila que significa para el juez Medina hacerse cargo de la causa penal que tiene atormentado a Romero se torna más pesada, pues en su opinión el fiscal Toranzos fue contundente al explicar que el eje de la causa en conflicto es de jurisdicción provincial.

Romero, urgido por los trámites procesales que la justicia provincia lleva adelante en el marco de la causa penal abierta por la cesión ilegal del hangar, pegó un volantazo a la estrategia defensiva e intenta ahora con un nuevo defensor, Oscar Guillén, sacar de la ciudad judicial el trámite de este expediente.

Para ello, Guillén planteó ante la justicia federal un pedido de inhibición a fin de que este fuero le arrebate al juzgado de garantías 5 el expediente en cuestión. Fundamento el recurso en el hecho de que el supuesto delito que se investiga tiene como escenario un establecimiento nacional, como lo es el aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

Con este argumento, que más que ellos solo parece una excusa, Romero pretende de Medina un “gran favor” que lo aleje de un inminente juicio oral y público, instancia que no sólo recaerá sobre el senador nacional, sino especialmente sobre su hijo, Juan Esteban Romero.

Al analizar el pedido de Guillén, el fiscal Toranzos, a quien Medina hizo partícipe de la discusión, detalló que la causa fue abierta por la fiscalía de Delitos Económicos Complejos de la justicia provincial en noviembre de 2012.

Explicó que los acusados, a excepción de Juan Esteban Romero, son ex funcionario del gobierno provincia, siendo ellos el ex gobernador, el ex secretario General de la Gobernación, Raúl Romeo Medina y el ex director de Aviación Civil, Ricardo Funes.

Argumentos del fiscal

Sostuvo que a Romero y compañía se le achaca “la suscripción y posterior aprobación por decreto, de un contrato de comodato entre la Dirección de Aviación Civil de la Provincia (Funes) y el presidente de la empresa La Represa S.A. (Juan Esteban Romero), por el cual se le cedió 4.200 metros para la construcción de un hangar de uso aeronáutico con oficinas administrativas y técnicas, el cual una vez finalizado el plazo convenido (20 años prorrogables) sería donado a la Dirección de Aviación Civil de la Provincia”.

Asimismo, el dictamen sostiene que “el decreto cuestionado Nº 3306/97 (del 22/11/1997) fue confeccionado cuando el primero de los nombrados (Romero) era gobernador de la Provincia de Salta, siendo rubricado por el entonces vicepresidente primero del Senado Provincial, Mashur Lapad, en ejercicio interino del ejecutivo provincial y el secretario de la Gobernación (Medina), por las conductas desplegadas por aquellos encuadrarían en los delitos de administración fraudulenta, defraudación en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatible con el ejercicio de la función pública”.

Toranzos explicó que a partir de esta plataforma el fiscal Akemeier abrió una investigación a fin de establecer la supuesta conducta delictiva del ex gobernador, siendo el objeto de la causa el supuesto beneficio económico que obtendría la Provincia por este convenio.

Al respecto, el fiscal resaltó que este convenio se firmó cuando Romero era gobernador, como así también los otros “consortes” de la causa eran funcionarios del primero. Agregó que la cuestión de fondo gira en torno a la cesión de derecho de uso del predio de parte de la Provincia.

Tras este análisis, Toranzos concluye en que “el derecho de uso y goce pertenece y corresponde a la administración de la Provincia de Salta”. Agregó que el comodato “se refiere casualmente al derecho de uso y goce de la Provincia, sin que se encuentre comprometido el patrimonio del Estado Nacional, ya que no altera sus intereses sobre los bienes en cuestión”.

Por último sostuvo que “la administración y fiscalización de la beneficios sobre el predio corresponde al ámbito administrativo provincial.”. En vista de ello, Toranzos entendió que “al no existir un conflicto que afecte los intereses nacionales y toda vez que las personas involucradas en el delito que aquí se investiga eran funcionarios provinciales al momento del hecho, estimo que vuestra señoría (el juez Medina) resulta incompetente para entender en la presente (causa del Hangar)”.

Este dictamen, sin embargo, no es vinculante para el juez Medina, quien podría disentir con el criterio del fiscal y asumir igualmente jurisdicción en la causa del hangar, aunque ello seguramente significará una clara evidencia de su funcionalidad para con Romero.