El fiscal federal Nº 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, solicitó a la Cámara Nacional Electoral que revoque un fallo de primera instancia y sancione al Partido Justicialista (socio principal de la alianza Unión por Córdoba) y a distintas empresas por donar fondos para la campaña de las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, en violación a lo dispuesto por la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

El fallo cuya revocación pidió Senestrari fue del juez federal Nº1 de Córdoba, con competencia electoral, Ricardo Bustos Fierro, en estos días en el tapete porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo acusó de “cajonear” una causa donde está implicado un alto funcionario de Mauricio Macri.

El origen de la causa hay que buscarlo en los propios informes sobre financiamiento presentados por el PJ Córdoba, de donde surgen donaciones directas realizadas por la Asociación Hotelera de Córdoba y la Cámara de Turismo de Córdoba, y donaciones indirectas realizadas por conocidos empresarios cordobeses, como Aldo Benito Roggio, Mario Buttigliengo, María Esther Boetto, Miguel Ángel Romero Camisa, Carlos Alberto Bergoglio y Martín Guillermo Amengual. Se trata de firmas y empresarios que, antes o después de las comicios, resultaron adjudicatarios de obras y emprendimientos públicos de la Provincia de Córdoba.

Según el fiscal, estas donaciones constituyen una violación a la ley 26.215 -de Financiamiento de Partidos Políticos-, por haber sido realizadas por “empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires” o por “asociaciones sindicales, patronales y profesionales”, en contradicción con lo que establece el artículo 15 de la mencionada ley, que regula las donaciones que reciben los partidos políticos.

Según el informe presentado por el Partido Justicialista, Aldo Benito Roggio efectuó donaciones por

$ 30.000, en su carácter de integrante de las firmas Aguas Cordobesas SA, Metrovías, Benito Roggio e Hijos SA, La Mixta y Cliba. Además, Roggio es vicepresidente primero de la Cámara Argentina de la Construcción. Por otra parte, hubo donaciones por $ 20.000 de Mario Buttigliengo, titular de la empresa constructora Boetto y Buttigliengo SA adjudicataria entre otros del sistema de concesión por peaje de la construcción, mantenimiento, conservación y operación de un tramo de la ruta nacional 36. Buttigliengo también es presidente de la Cámara de la Construcción de Córdoba. El PJ también recibió donaciones por $ 20.000 de María Esther Boetto, accionista y apoderada de la empresa constructora Boetto y Buttigliengo SA y otros $ 20.000 de Miguel Ángel Romero Cammisa, titular de Romero Cammisa Construcciones SA, concesionaria entre otras, de la reconstrucción y pavimentación de la Ruta Provincial 17.

Finalmente, el PJ declaró haber recibido $ 20.000 de Carlos Alberto Bergoglio, director de relaciones institucionales y comunicación de la empresa Electroingeniería SA, concesionaria del servicio de abastecimiento y provisión de personal de personal, herramientas y equipos necesarios para la construcción de la Central Atómica Atucha II; y $30.000 de Martín Guillermo Amengual, quien en ese momento presidía la Cámara de Empresarios Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) y en la actualidad se desempeña como titular de la Fundación Mediterránea.

En su apelación, Senestrari afirmó que no se tuvo en cuenta el análisis efectuado por el auditor contable oficial, quien explicó detalladamente por qué se configuran las infracciones a los artículos de la Ley de Financiamiento. Según especificó el fiscal en su apelación, este financiamiento “resulta pernicioso ya que permite que los partidos políticos representen intereses privados o particulares de quienes contribuyen a su sostenimiento, convirtiéndose en una posible fuente de tráfico de influencias”.