En las audiencias anteriores desfilaron 75 testigos, el resto de los convocados fue desistido a medida que avanzaron las jornadas.

Constituido el Tribunal, comenzò el alegato de la acusación por parte del Ministerio Pùblico representado por el fiscal Fabio Arcomano secundado por el ayudante fiscal en drogas, Raúl Carini Hernández.

Arcomano dio por probado que el 9 de septiembre del año pasado un Fiat Palio que manejaba Martín Barella, en la esquina de Presidente Uriburu y Almafuerte colisionó con la moto que conducía “Poty” Carretero. La mujer murió seis días después en Bahìa Blanca y Claudia Atucha que iba con ella sufrió una delicada doble fractura de la que aún arrastra las secuelas.

El fiscal desestimó la acusación que pesaba sobre Omar Barella -padre de Martín- que intentó hacer creer que era él quien manejaba el auto por considerar que el grado de consanguinidad lo exime del cargo inicial de encubrimiento “… más allá de cuestiones de índole moral” precisó. Como agravante dijo que Martín Barella había sido sancionado antes de este hecho en numerosas ocasiones por transgredir ordenanzas de tránsito (falta de documentación, exceso de velocidad, paso de semáforos en rojo, entre otras ) y que había logrado sacar el carnet de conductor en otro lado.

Las drogas

En cuanto a la segunda causa Arcomano dio por debidamente acreditada la materialidad ilícita de la materia investigada y la intervención de los imputados en la comercialización de drogas en el lapso que duró la investigación. Dijo también que daba por probado que se trataba de un grupo mancomunado para la distribución de las sustancias. Agregó que los roles estaban definidos “… Martín Barella comercializaba desde mucho antes y era el líder en esta pluralidad, mientras que Pablo (Barella), Santiago (Willington) y Mauro (Sapia) eran punteros”.

Mencionó la vinculación – y mencionó especialmente a Sapia- con Gabriel Amantía, el proveedor de la droga que fue detenido en la ciudad autónoma de Buenos Aires por la Policía Federal casi en simultáneo con los allanamientos ocurridos en Trenque Lauquen la noche y madrugada del 19 al 20 de mayo. En cuanto a estos operativos, mencionó que en todos los allanamientos se secuestraron elementos de interés para la investigación. Para el fiscal actuante, el cúmulo de testimonios escuchados es más que suficiente para comprobar la actividad de los imputados.

Arcomano destacó también que era la primera vez que en Trenque Lauquen se detenía no sólo a los vendedores de droga sino a su proveedor (por Amantía) y de éste conocer alguna vinculación con países limítrofes “… dimos con los soldados, los capitanes y los generales” metaforizó.

Las penas pedidas

En el caso de Martín Barella dijo que no consideraba eximentes y que valoraba la falta de antecedente penales mensurables. Consideró como agravante el deterioro de la salud de los consumidores y el ocultamiento de la venta a través de la fachada de una actividad comercial.

Tras abundar en otras consideraciones, el fiscal Fabio Arcomano, solicitó al Tribunal la siguientes penas:

- Para Mauro Sapia, siete años de prisión de efectivo cumplimiento y mil pesos de multa.

- Para Santiago Wellington; siete años y seis meses, igual multa.

- Para Pablo Barella, ocho años y multa.

- Para Martín Barella, unificadas las dos causas, 14 años de prisión de efectivo cumplimiento, multa, diez años de inhabilitación para conducir vehículos e inhabilitación para ejercer actos de comercio.

Cuando terminó de enumerar las penas solicitadas, se retirò de la sala, muy conmovida, la madre de “Poty” Carretero que estuvo acompañada en todo momento por el abogado Alfredo Cibeira, quien actuaba como particular damnificado.

n Las defensas

El primero de los defensores en alegar fue el penalista Ricardo Kurlat (patrocinante de Willington). Se refiriò a la exposición de Arcomano a la ponderò, pero afirmó que por los dichos del fiscal “parece que estuviéramos hablando del Cartel de Medellín cuando en realidad se trata de perejiles, como se dice en la jerga.

Calificó algunos de los cargos hechos por la acusación de “conjeturales y presuncionales” y en el caso de su tutelado afirmó que por la cantidad de droga que le fuera secuestrada que se trataba de consumo personal.

Pidió que Santiago Wellington fuera exento de pena y que en el caso de que así no lo considerase el Tribunal el mínimo de la escala de la pena que le pudiese corresponder por comercialización simple.

Como apoyatura de sus dichos Kurlat dijo que Gabriel Amantìa, a quien Arcomano calificó de proveedor de la droga que el grupo acusado vendía en Trenque Lauquen, fue condenado el pasado 20 de mayo por la Justicia Federal a tres años de prisión en suspenso por tenencia simple.

Piden nulidad

A su turno la defensora de Sapia, la doctora Liliana Paz, pidió la nulidad de los allanamientos cumplidos el 19 de mayo de 2011 en el domicilio de Mitre y Dorrego (donde fue detenido su pupilo) y del domicilio de la calle Pereyra Rozas (de los hermanos Sapia); desmintió que fuera “puntero” y afirmó “… no hay pruebas suficientes `para que se hable de un delito contra la ley 23.737; cuestionó las pericias hechas por Gendarmería Nacional, “no hay precisiones; esto parece un embrollo de cabos sueltos mientras que en la noche de Trenque Lauquen se sigue consumiendo”.

El último en hablar fue el penalista Lucas Tornini, defensor de los hermanos Barella.

En relación al homicidio cuestionó la declaración del testigo Arredondo (al que llamó Arroyo). Dijo que habìa estado una hora en el lugar del accidente y que deducìa que la moto venía muy rápido, no así el auto y que las lesiones que terminaron con la vida de “Poty” Carretero no fueron causadas por el choque sino por la caída.

Y pidió la libre absolución en el cargo de homicidio culposo.

En la causa de las drogas, pidió la nulidad de todo lo actuado “…se trata de una actividad procesal ilegal” y entre otros fundamentos señaló que no había fundamentos para realizar los allanamientos de urgencia “se habilitó un horario inhábil”.