El fiscal federal Federico Delgado impulsó ayer una investigación para determinar si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cometió el delito de encubrimiento cuando acusó a jueces de tener "tabulados los precios de excarcelaciones o eximiciones de prisión". Delgado solicitó que la Presidenta declare como testigo para que dé explicaciones acerca de lo que dijo sobre los jueces.

Esas acusaciones las realizó en el discurso de apertura de las sesiones legislativas el lunes pasado. La Presidenta criticó a la Justicia en varios párrafos y dijo, con argumentos propios de los que históricamente han exigido "mano dura", que "necesitamos jueces que no dejen salir a los delincuentes, porque están tabulados los precios de excarcelaciones o eximiciones de prisión y, entonces, los criminales que entran por una puerta salen por la otra".

La presidenta habló sobre la seguridad frente al Congreso. Señaló que era "una demanda de la sociedad" junto con la demanda de Justicia. Pero cargó con parte de la inseguridad a los jueces que liberan a los delincuentes.

En aquel discurso la Presidenta usó uno de los apotegmas de aquellos que quieren endurecer el trato a los delincuentes y subió en la escalada de críticas al Poder Judicial.

Esas declaraciones recibieron el repudio de casi todos los sectores políticos y también de diversas asociaciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Pero no sólo las entidades que representan a los jueces le contestaron a la Presidenta. Desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, varios jueces hicieron saber que aquellas declaraciones de la Presidenta sumadas a las descalificaciones que hizo de algunos jueces y la intromisión en la vida privada de los magistrados, causaron malestar. Luego de haber acusado a jueces de vender la excarcelaciones, la Presidenta se refirió a la relación que une a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal y a su colega Ernesto Marinelli. Lo hizo para señalar que la jueza que congeló las reservas del Fondo del Desendeudamiento fallaba en concordancia con su pareja.

A partir de las acusaciones sobre el cobro de las excarcelaciones el abogado Ricardo Monner Sans realizó una denuncia por el delito de encubrimiento contra la Presidenta ya que consideró que como funcionaria debió denunciar si los jueces cobran por dejar libres a los delincuentes. El expediente quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Delgado señaló que Monner Sans "coloca a la titular del Poder Ejecutivo en la figura de omisión de denuncia (porque todo funcionario debe denunciar un delito) y, a la par, reclama que se investigue el hecho precedentemente individualizado". Para el fiscal "la denuncia contiene dos planos: la omisión presidencial y el supuesto hecho delictuoso al que hizo referencia la Presidente". Delgado señala que los dos "planos de la denuncia son contradictorios" pero al mismo tiempo establece que "hay que investigar y luego clasificar".

"Esto significa, -explicó Delgado en su requerimiento- palabras más palabras menos, que como primera medida hay que rastrear si efectivamente el hecho de que se trata ocurrió y luego analizar si existen responsabilidades.

Para encaminar la investigación, el fiscal federal sugiere que la Presidenta declare en el expediente como testigo. Si quiere, Cristina Fernández de Kirchner puede ir a los Tribunales a declarar pero también está habilitada para hacerlo por escrito. Una vez que la Presidenta explique por qué dijo que los jueces cometían delitos y por qué no lo denunció penalmente, se podrá despejar el camino para que la Justicia avance en esta investigación.