La Unidad Fiscal de Derechos Humanos bahiense a cargo de los doctores José Nebbia y Miguel Palazzani solicitó el jueves 2 de mayo al juez federal Santiago Martínez que detenga, indague y prohíba la salida del país al empresario Vicente Massot, actual propietario y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y a su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli, a quienes imputó por su participación en el plan criminal que configuró el genocidio sufrido en nuestro país durante la segunda mitad de la década del ’70. En tal sentido ha quedado también subrayada la responsabilidad que cupo en el plan criminal a la madre de Massot, Diana Julio, y a uno de sus hermanos, Federico. Todos ellos formaban parte del grupo medular con poder de decisión en el diario del que Julio era directora durante el periodo en cuestión. Bajo la dictadura, y mientras en el mismo edificio funcionaba un Centro Clandestino de Detención (CCD), Vicente Massot visitaba en la ESMA al represor Jacinto Chamorro. Su madre, Diana Julio, hacía lo propio en la Base Naval de Puerto Belgrano con el Jefe de Operaciones Navales Luis María Mendía, a quien también recibía en su despacho. Su otro hijo, Federico, trataba de “cagones” a los represores navales que “no se animaban a fusilar” públicamente a los secuestrados.

El documento donde Nebbia y Palazzani plasmaron la acusación responde a un señalamiento formulado por el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que al dictar sentencia en el primer juicio contra represores en Bahía Blanca ordenaron “extraer testimonio de las constancias respecto de las publicaciones que daba cuenta el diario La Nueva Provincia de esta ciudad y remitirla al Juzgado Federal que por turno corresponda, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho órgano de prensa”. El Juzgado Federal que recibió la causa fue el del juez Santiago Martínez, quien delegó la investigación en la Unidad de Nebbia y Palazzani. Los fiscales se abocaron al trabajo y hallaron elementos suficientes para formular las acusaciones ante el propio magistrado, que deberá ahora decidir.

La acusación sobre los cuatro mencionados mandamases ­dos de los cuales se encuentran fallecidos, por lo que la acción penal se extinguirá luego de certificados sus decesos pero no así su responsabilidad histórica- sobreviene luego de señalados en la prensa y la Justicia un conjunto de hechos que vinculan a la plana mayor de La Nueva Provincia con la represión clandestina.

El primero de ellos es el caso de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Para 1975 ambos eran delegados gremiales en la empresa y, en reclamo de la aplicación efectiva un convenio colectivo ya firmado por las partes, fueron las caras visibles de un paro que durante tres semanas hizo que el diario no apareciera. Cuando el matutino volvió a los kioscos, el primer día de septiembre de ese año, su directora acusó a los gremialistas de liderar una “labor disociadora” y les advirtió que sus “fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”.

Dos meses después, la Prefectura de Zona del Atlántico, cuya participación en la represión clandestina se estructuraría bajo la órbita de la Armada a cuyos altos mandos Diana Julio daba indicaciones, elaboró el borrador de su “Estudio sobre el diario La Nueva Provincia (guerrilla sindical)”, que incluía una nómina del “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL” (sic). Heinrich y Loyola figuraban a la cabeza de la lista.

El 30 de junio, ambos delegados gremiales fueron secuestrados de sus hogares. Por espacio de cuatro días completos permanecieron desaparecidos. Tal novedad no motivó la extrañeza del periodista Norman Fernández, hoy segunda línea de Vicente Massot, que en una reciente entrevista dijo que no había visto “nada raro” dentro de la empresa en esos años. El 4 de julio los cadáveres de ambos trabajadores fueron hallados a la vera de una ruta. Estaban maniatados, con signos de torturas y sobre ellos se habían disparado más de cincuenta balazos. El periodista Carlos Iaquinandi, que para 1976 era una de las voces del informativo de LU3 y tenía activa militancia gremial, comprendió entonces que debía irse del país. Hoy opina que los homicidios de Heinrich y Loyola, por los que ya hay elevados a juicio varios militares, contenían además un claro mensaje mafioso.

Fuente: Agencia Paco Urondo.