Valeria Ponce, la fiscal que estuvo a punto de ser juzgada porque se habría robado un celular en una tienda de Palmares, no será sometida a debate porque es, psicológicamente, inimputable.

La mujer padece un síndrome psicótico en fase maníaca, según lo establecieron, luego de someterla a una batería de estudios, tres psiquiatras del Cuerpo Médico Forense.

Según un escrito remitido al juez el juez Sebastián Capizzi, titular del Segundo Juzgado Correccional, los médicos sugieren que Ponce debe ser internada para que sea estabilizada psiquiátricamente.

Ante este diagnóstico, el juez Capizzi informará la situación a la fiscal interviniente y luego archivará la causa.

El asunto también llegará al Jury de Enjuiciamiento, órgano que determinó que la mujer debía ser juzgada. Cuando esto pase el Jury volverá a reunirse y podría determinar su destitución y ordenar que se jubile.

Por otro lado, la fiscal podría iniciar los trámites jubilatorios y pedir una jubilación anticipada por incapacidad. "Todos los caminos conducen al Anses", explicó una fuente consultada por Los Andes.

El 1 de marzo, el defensor de la fiscal presentó un certificado médico en el que un psiquiatra afirma que la mujer padece un trastorno bipolar. Esto, según el abogado, pondría en riesgo la integridad psicofísica de la fiscal de enfrentar un juicio oral y público. Además, se afirmó que no estaría en condiciones de comprender y por lo tanto es incapaz de ser sometida a juicio, tal como lo establece el artículo 96 de Código Procesal Penal.

Si bien el diagnosticó del Cuerpo Médico Forense no es el mismo que dio el psiquiatra que presentó el defensor, el resultado, a los efectos legales, es el mismo y, entonces la mujer nunca será juzgada por el robo de un celular.

Así las cosas, el caso podría presentar otras consecuencias en relación a los casos en que actuó la fiscal, al menos desde diciembre del 2011, cuando se produjo el presunto robo del teléfono, ya que por esa época, la mujer ya era psicológicamente, incapaz de cumplir cualquier función judicial.

Un celular en el probador

El caso de la fiscal Ponce se conoció en febrero de 2012 pero ocurrió en la Navidad de 2011, cuando la fiscal Ponce fue de compras de fin de año a Palmares Open Mall.

Dentro de un probador de una zapatería de ese paseo de compras se habría encontrado un celular que pertenecía a una clienta habitual que había estado en el probador apenas minutos antes. La fiscal se habría llevado el teléfono a su casa. La dueña del celular regresó al local comercial y reclamó su teléfono. Las empleadas fueron a buscarlo y el aparato ya no estaba.

Como estaban seguras de que ellas no lo tenían, decidieron ver el video de la cámara de seguridad, donde habría quedado registrado el ilícito. Con esta prueba, la dueña del celular fue a denunciar el hecho en la Fiscalía de Godoy Cruz. Desde aquí la denuncia pasó a Delitos Especiales, ya que la sospecha recaía sobre una funcionaria judicial.

Frente a este panorama, la fiscal declaró por escrito ante el fiscal Santiago Garay. Allí habría sostenido que no robó el celular sino que lo cargó creyendo que era el teléfono de su hija. Por eso, tres días después se habría dado cuenta y lo devolvió.