El fiscal federal Santos Reynoso elevó un dictamen al juez federal Ricardo Moreno por el cual solicita que el ex intendente de Capayán Pablo Názar y el ex secretario de Hacienda José Orlando Herrera sean convocados a prestar declaración indagatoria por la supuesta comisión del delito de peculado (tres hechos) en concurso real.

Es en el marco de la denuncia radicada por el actual intendente de Capayán, Alfredo Hoffman, por “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

En la investigación se detalla que el 24 de febrero de 2010 y el 9 de febrero de 2011 la Municipalidad de Capayán retiró del Banco de la Nación sucursal Catamarca –de su cuenta bancaria N° 46600589/34- las sumas de $200 mil y $300 mil, dinero que le fuera otorgado por la Jefatura de Ministros de la Nación (mediante resolución JGM N° 562 de fecha 30 de diciembre de 2009 y resolución SCAyEP N° 13 de fecha 8 de febrero de 2011, respectivamente) fondos que debían ser destinados al fortalecimiento de la infraestructura social básica. Es decir, servicios asistenciales a la comunidad, infraestructura urbana y servicios públicos, además del apoyo hacia actividades desarrolladas en los distintos sectores productivos del municipio.

Posteriormente, con fecha 24 de junio de 2011, el municipio de Capayán retiró del Banco de la Nación sucursal Catamarca –de la cuenta bancaria N° 46600589/34- la suma de $837 mil. El dinero fue otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, mediante convenio MAGyP 15272011, el cual debía ser destinado a la asistencia a productores olivícolas a través de la implementación de un Fondo Rotativo, debiendo el municipio capayense, en todos los casos, presentar la rendición documentada de cuentas.

Dictamen

El dictamen del fiscal Reynoso data del 6 de mayo de 2013 y se encuentra para su estudio en el Juzgado Federal. El fiscal entiende que Pablo Názar y José Orlando Herrera deben declarar a partir de que en razón de sus cargos tenían bajo su responsabilidad la administración y custodia del $1.337.000. Y por el posible apartamiento del destino específico de los fondos sin la correspondiente rendición de cuentas. Esta situación configuraría un quebranto de la seguridad legal.