El dictamen del fiscal subrogante del Juzgado Federal de Rio Gallegos, Gonzalo Miranda, surge tras la presentación de los concejales Daniel Roquel y Fabián Leguizamón, al que se sumó el senador Alfredo Martínez, aunque el funcionario entendió que no debían arrogarse la representación popular de los santacruceños, ya que esta sólo se limita a su ámbito parlamentario. De este modo, no le asignó carácter colectivo a la demanda.

Los amparistas, entonces por derecho propio,  habían denunciado al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del GAS) y la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., persiguiendo la anulación de las Resolución 28/2016 , que elevó las tarifas de gas en la provincia hasta un 1.300%, reclamando una media cautelar para que se frenen.

Miranda respondió sobre la competencia del Juzgado, la habilitación de la instancia judicial y la vía procesal propuesta, manifestando que el nuevo cuadro tarifario, vigente desde el primero de abril, (fecha en que fuera publicada en el Boletín Oficial), “carece de legitimidad”, pues los usuarios alegan que las subas “con valores que  llegan y/o superan el 500 % del monto que se venía abonando, se dispuso sin haber tenido oportunidad de ser oídos y participar en la determinación y/o modalidades de implementación del aumento, afecta sus derechos amparados constitucionalmente”.

Es que la Resolución 28/2016 se aplicó “sin el requisito de la audiencia pública”, algo que se encuentra previsto “en el artículo 46 de la ley 24.076”. En este punto, el fiscal recuerda que los usuarios “podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas. Recibida la solicitud de modificación, el ente deberá resolver en el plazo de sesenta días previa convocatoria a audiencia pública que deberá celebrarse dentro de los primeros quince días de la recepción de la citada solicitud.”