La petición se hizo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Silvia Longarte y es consecuente con el decreto 1477, dictado el 21 de mayo último, mediante el cual el Gobierno declaró lesivo a los intereses públicos el contrato y dispuso instruir a la Fiscalía de Estado para que promueva el juicio con la finalidad de obtener la restitución del inmueble al Patrimonio de la Provincia.

Si bien la cesión fue a favor de la empresa "Finca La Represa S.A.", dirigida por Juan Esteban Romero, se comprobó que en realidad las instalaciones fueron utilizadas por "Avión Sur S.A.", propiedad del ex gobernador.

La contratación irregular originó una investigación penal a cargo del Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, quien el 23 de abril pasado requirió la elevación de la causa a juicio contra el senador nacional Romero, como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Publica, en concurso real.

También están imputados el concejal Raúl Romero Medina, ex secretario General de la Gobernación, como cómplice primario de los mismos delitos, en concurso real, Ricardo Funes ex director General de Aviación Civil, como cómplice primario de los mismos delitos, en concurso real y Juan Esteban Romero, en su carácter de presidente de "Finca de la Represa S.A.", como coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.

El que quedó eximido de la acusación fue el senador provincial Mashur Lapad, quien se encontraba a cargo del Ejecutivo el 22 de noviembre del 2007, y fue el que firmó el decreto de cesión.

Para Akemeier, Lapad actuó de buena fe y no podía saber lo que firmaba, responsabilidad que recaía en Medina como secretario General.

En la imputación penal el fiscal sostuvo que Romero, como máxima autoridad de la Provincia, tenía el dominio del hecho y dirigió todo el proceso de adjudicación del hangar.