El gobernador interino Juan Carlos Bacileff Ivanoff inició las negociaciones que debía haber planteado hace tres meses, cuando impuso por imperio de sus decisiones personalísimas el nombre del fiscal de Estado Rubén González sin al menos una ronda de consultas con los legisladores. El resultado fue la falta de acuerdo para su abogado de confianza, quien sigue a un tris de quedar afuera del esquema gubernamental aunque, recientemente, con una luz de esperanza al final del túnel.

La ley que los diputados del Frente Chaco Merece Más sancionaron la semana pasada, por la cual se duplica el plazo de tolerancia para que un funcionario se desenvuelva en condiciones precarias, significó una bocanada de oxígeno para el mandatario sustituto, quien ganó así un tiempo valioso para buscar los acuerdos indispensables con los cuales consolidar la designación de González.

El bloque oficialista y la bancada del Nepar dieron el sí a una propuesta que el Ejecutivo bajó a la Legislatura con dos objetivos: generar espacios de consenso en pos de la aceptación del fiscal de Estado por parte de los legisladores del peronismo y, por otro lado, enviar una señal tranquilizadora a los tribunales provinciales que en los últimos meses debieron aceptar como litigante por el Estado a un funcionario, cuyo nombramiento no se completó.

Ahora Chiyo debe volver sobre sus pasos y meter violín en bolsa. De hecho ya lo hizo al enviar el proyecto de ley en cuestión después de haberse jactado de su autoridad exclusiva y excluyente para designar al fiscal de Estado sin necesidad del concurso de los referentes parlamentarios del oficialismo.

«Es una decisión del gobernador como jefe del Ejecutivo, no hay motivos para consultar a terceros», había afirmado en su momento Bacileff al ser consultado sobre su decisión de avanzar con el nombre de Rubén González en medio del momento más caliente de su disputa interna con el jefe de Gabinete Jorge Capitanich.

Se colegía por entonces que el mandatario interino avanzaba por su cuenta, contra viento y marea, con la unción de un fiscal de Estado que no respondiera ni siquiera parcialmente a Capitanich para cumplir con la amenaza de revisar las cuentas del Gobierno en la etapa «coquista», con el fin de hallar supuestos puntos oscuros que, entregados a la Justicia, empañaran la imagen pública del número uno de la fórmula gubernamental en ejercicio.

Al final la sangre no llegó al río y si bien Bacileff se cansó de irse a la banquina con declaraciones altamente tóxicas para la salud del peronismo provincial, la paz afloró a partir de la orden presidencial de custodiar la gobernabilidad con el objetivo de instalar un nuevo gobierno del PJ en 2015, con un Capitanich desdoblado en la doble condición de jefe de Gabinete y jefe político de la provincia con presencias quincenales para -justamente- poner en caja a Chiyo.

Ahora Bacileff intenta lo que no pudo meses atrás. Más calmado y con una estrategia que pasa por una diferenciación sutil -se proyecta en el trato y los privilegios que prodiga a los empleados estatales de condición peronista- con Capitanich, busca el consenso que no supo construir cuando todavía tenía crédito de la Cámara de Diputados.

Los legisladores le hicieron notar que no todo se puede con la fuerza de un cargo. Los acuerdos son necesarios incluso en un cuerpo presidido por su hijo, quien por otro andarivel busca insertarse en la lista del PJ para el año que viene con una improbable candidatura a gobernador como meta de máxima.

Todos esos elementos se intercalan en el afán de Ivanoff de colocar al menos un funcionario salido de su riñón. Pareciera que está más cerca que antes, pero el resultado depende exclusivamente de su capacidad para ceñirse al trabajo en equipo.