El fiscal de Instrucción, Arnoldo Suasnábar, solicitó un informe que podría resultar clave para el futuro procesal de Miguel Ángel Brito, quien fue titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante cinco años de la gestión del gobernador, José Alperovich. Según fuentes tribunalicias que siguen de cerca el caso, el investigador judicial habría solicitado al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que indique si el ex funcionario y actual asesor del senador alperovichista Sergio Mansilla posee cuentas bancarias en el país; y, de ser así, cuántas son y en qué entidades fueron abiertas, entre otros datos referidos a los bienes de Brito.

Este sería un avance que podría develar varios interrogantes en la "causa DAU", iniciada hace más de un año por la denuncia de la legisladora radical Silvia Elías de Pérez. Según la opositora, Brito perpetró varios delitos en perjuicio del erario, y si el ex director de la repartición posee recursos que no puede justificar, podría abrirse una nueva línea en la pesquisa.

Informes y testimonios

Suasnábar, titular de la Fiscalía de Instrucción de la VII Nominación de la Capital, fue el tercer representante del Ministerio Público en recibir el expediente.

Al momento de la denuncia, el caso recayó en la Fiscalía de Instrucción de la VI Nominación, a cargo de Adriana Reinoso Cuello. La legisladora radical, tras varios meses de la demanda, planteó ante el ministro fiscal de la Corte, Luis De Mitri, un reclamo porque consideraba que la investigación no tenía celeridad, entre otras quejas. Tras esto, Reinoso Cuello adujo "violencia moral" y se inhibió de continuar con la pesquisa. Con el sistema de compensación, trasladó el expediente a su par de la Fiscalía de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, quien lo rechazó prácticamente en el acto por considerar que no correspondía ese trámite. Luego, la fiscala le envió las carpetas a Suasnábar, con idénticos argumentos. En un principio, este no aceptó la causa. Pero en julio el Juzgado de Instrucción de la V Nominación le indicó que debía hacerse cargo de la pesquisa.

Una de las primeras medidas que tomó Suasnábar fue solicitar la intervención de la perito contable del Ministerio Público Fiscal, María Elena Lampa. El investigador le envió una auditoría que, a principios de año, había elevado el presidente del Tribunal de Cuentas (TC), Miguel Chaibén Terraf, a la fiscala Reinoso Cuello. Según ese texto, se detectaron anomalías en 86 de 423 obras realizadas por la DAU durante la gestión de Brito, entre 2008 y 2012.

En respuesta a este oficio, Lampa le requirió a Suasnábar que gestione ante la AFIP, la Dirección General de Rentas y otras reparticiones la situación de las empresas que habían sido contratadas por vía directa por el ex funcionario.

Una norma de 2007

La ley N° 7.960, sancionada en 2007 y aún vigente, habilita a la DAU a escoger empresas, sin la necesidad de licitación pública, para la ejecución de obras públicas por un costo de hasta $ 150.000, en casos de necesidad y urgencia.

Brito dejó su cargo en agosto del año pasado, luego de que LA GACETA publicara un acuerdo del TC que señalaba presuntos sobreprecios en un control preventivo sobre un proyecto para restaurar la fachada de la Casa de Gobierno. El ex titular de la DAU responsabilizó por ese trámite al ex vicedirector de la repartición, Roberto Bianchi.

Según fuentes tribunalicias, en estos días se estarían recibiendo declaraciones que podrían ser relevantes para la causa. Brito, mediante sus representantes legales, se puso a disposición de la Justicia, pero hasta ahora no fue citado para que dé su versión sobre los hechos que se investigan.