El gobernador de la provincia Carlos Verna, encabezó este jueves el acto de firma del convenio por el que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dispuso la cesión de la totalidad del espacio físico de la Unidad 13, conocida como “Cárcel de Mujeres”, exclusivamente para detenidos a disposición de la justicia de La Pampa.

Participaron del acto, los ministros de Gobierno y Justicia, Pablo Bensusan, y de Seguridad, Juan Carlos Tierno, el director general de Inteligencia Criminal y Estadísticas, Alan Ruiz, y funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación que representaban al subsecretario de Políticas Penitenciarias, Juan Maiques.

Luego de la firma, el ministro Tierno expresó su satisfacción por la medida por tratarse de uno de los primeros objetivos planteados por el Gobierno Provincial al comenzar la gestión.

En cuanto a los plazos de entrega, el titular de la cartera de Seguridad explicó “sería a la brevedad, porque hay que hacer unos arreglos especialmente en el techo de la construcción que tiene más de cien años de antigüedad”. Tierno consideró que esto traerá solución a los problemas planteados con la presencia de detenidos en las comisarías “porque la Provincia no tiene Servicio Penitenciario y la policía no está preparada para esa función”.

En tal sentido destacó que “el edificio del frente de la cárcel original, se remodelará para destinar al alojamiento de mujeres a disposición de los Tribunales pampeanos” por lo que tendrá la posibilidad de albergar hombres y mujeres.

Mientras se aguarda el traspaso, “se dispone transitoriamente de 30 plazas para condenados por delitos sexuales en la cárcel de Senillosa” en la provincia de Neuquén, “que cuenta con un programa especial para el tratamiento de los detenidos por ese tema”.

El ministro de Seguridad hizo hincapié en que el Gobierno manifestó la disposición para que familiares puedan concurrir a las visitas con cargo económico del Estado, y en tal sentido agregó “estamos haciendo la contratación de los medios de transporte”.

Finalmente destacó “estamos empezando con la tarea del Ente de Políticas Socializadoras, superando la estructura del histórico Patronato de Liberados, que tenía a su cargo el tratamiento de las personas detenidas, para su resocialización en libertad, encontrar trabajo y encaminar su vida”. Reconoció que “con la nueva Ley implementada desde Ministerio, se va a hacer un trabajo intensivo con los detenidos, en condiciones dignas y acordes a lo que establece la Constitución Nacional.

El hacinamiento de presos en alcaidías y comisarías pampeanas generó el año pasado un fallo del Superior Tribunal de Justicia que le ordenó al gobierno provincial revertir esa situación, que atenta contra los derechos humanos de las personas alojados en esos lugares. La semana pasada trasladaron a once presos condenados por delitos sexuales a Neuquén.

Sin embargo, en otros casos -los condenados que dependen del juzgado de ecucución con asiento en Santa Rosa- esos traslados se frenaron por un recurso presentado por el defensor oficial, Alejandor Osio, y dos defensores particulares. El Tribunal de Impugnación Penal suspendió los traslados hasta decidir sobre la cuestión de fondo. Los defensores argumentaron que no están solucionados en la actualidad la forma de paliar el desarraigo de los detenidos y, además, que los traslados no pueden realizarse sin la voluntad de los condenaodos.