El acto se llevará a cabo a las 12:30, en la Municipalidad de la ciudad de Rafaela (Región 2).

De un total de 1.936 unidades construidas, en una primera etapa se escriturarán 706, que son las que hoy están en condiciones de completar el trámite.

Desde 1977 se edificaron en el territorio santafesino unas 68 mil viviendas, de las cuales 53 mil están sin escriturar y, de estas, sólo 15 mil se encuentran al día con los pagos.

A la fecha, el gobierno lleva firmados convenios de regularización con 26 municipios y de colaboración con 115 comunas.

En ese marco, ya se escrituraron más de 1.500 viviendas sociales de 90 localidades de la provincia, al tiempo que se llevan adelante trabajos de mejoramiento edilicio y urbanístico en los complejos habitacionales.

LEY DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL

El proyecto de titularización de las viviendas sociales construidas por la provincia fue anunciado por el gobernador Hermes Binner en su mensaje de apertura de la Asamblea Legislativa, el 1º de mayo de 2008, ocasión en la que afirmó que con la sanción de la ley correspondiente se empezaría a sanear una situación que databa de muchos años.

El Ejecutivo provincial envió el proyecto a la Legislatura a mediados de agosto de ese año y el 30 de octubre obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, con el apoyo unánime de los legisladores de los distintos bloques políticos. En tanto, el 27 de de noviembre obtuvo la sanción definitiva del Senado provincial.

En 2009, con la instrumentación de la ley 12.953 de Regularización Dominial, se pusieron en marcha en Rosario las acciones tendientes a la escrituración de las propiedades, que luego se extendieron a todo el territorio provincial.

A tal fin, el gobierno descentralizó las tareas convocando a los municipios y comunas para recabar la información y reunir la documentación necesaria para avanzar en la confección de los documentos.

La norma prevé otorgar las escrituras sin costo para el adjudicatario y por única vez no se solicita el certificado de libre deuda de servicios. Asimismo, contempla la posibilidad de hacer convenios de refinanciación de pago con aquellas familias que tengan morosidad en las cuotas.