El Gobierno logró finalmente desactivar el reclamo que se había reavivado en la ciudad de Belén por viviendas, liderado por el grupo de familias que a finales de diciembre "tomó" dos barrios, frustrando la ceremonia oficial de entrega que iba a encabezar el gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Ese episodio abrió un frente de conflicto que incluyó fuertes cuestionamientos a la modalidad de adjudicaciones del IPV, organismo al mando de Eduardo Brizuela del Moral (h).

Por un convenio firmado días atrás entre la Secretaría de Vivienda y el municipio que conduce el intendente oficialista de Belén, Daniel Ríos, la Provincia se comprometió a aportar los materiales y la asesoría técnica para construir soluciones habitacionales, mientras que el municipio pondrá los terrenos y la mano de obra.

El secretario de Vivienda, Pedro Molas, informó que el acuerdo permitirá dar respuesta a 32 familias, que son las que no cumplían con los requisitos exigidos para ser adjudicatarios.

Otras 10 familias que reclamaban serán incluidas como beneficiarias de unidades en un complejo que está próximo a entregarse.

"Vamos a trabajar con el listado que nos acercó el intendente Ríos, y ya se están haciendo las tareas preliminares en el terreno", aseguró el funcionario a El Ancasti.

Molas dijo que con el acuerdo se garantizó una solución para la totalidad de quienes reclamaban una unidad.

A finales de diciembre, los vecinos decidieron ocupar pacíficamente dos barrios, disconformes con el listado de adjudicatarios que se había divulgado.

Quienes reclamaban objetaron un tercio de los nombres que figuraban, señalando distintas irregularidades.

Entre otras cosas, dijeron que algunos tenían otra casa, o un terreno, y que por ello debían quedar afuera.

El caso provocó la suspensión del acto oficial que estaba previsto.

En este contexto, el IPV prometió revisar los listados, y pidió a los vecinos que presentaran las objeciones formales.

Sin que ese trámite se haya formalizado, el organismo de vivienda decidió entregar las unidades a mediados de enero, sin acto y en silencio. Esta acción generó el lógico malestar de los vecinos, que amenazaron con reiniciar la protesta.

Más rápido de reflejos en esta oportunidad, el Gobierno preparó la oferta que logró desactivar el reclamo.

En el medio, los vecinos desistieron de presentar las impugnaciones, a pesar que ya las tenían listas.

A comienzos de febrero, el reclamo se reactivó, y las familias pidieron que se las incluya en la próxima entrega de unidades en el complejo "El Molino", que estaba próximo a terminarse.

En esta ocasión, recibieron el apoyo de vecinos de otros sectores de Belén, quienes se solidarizaron con el reclamo.