Fueron detectados 54 trabajadores que vivían sin agua potable, electricidad, ni gas comprimido en garrafa, ni desagües en una finca de Anta y otra en General Pizarro, quienes además no estaban registrados por sus empleadores ante los organismos de Trabajo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó dos operativos de control de empleo en fincas de Salta ubicadas en los departamentos de Anta y General Pizarro. Donde se encontraron 54 personas entre los que había niños indocumentados que además cumplían tareas en la cosecha.
La mayoría de las personas eran de origen boliviano y no contaban con los requisitos migratorios correspondientes.
El primero de los operativos se cumplió en un campo dedicado al cultivo de hortalizas en el Departamento de Anta. Durante el procedimiento se detectaron a 40 personas, entre trabajadores, mujeres y niños, que vivían en condiciones paupérrimas de higiene y seguridad, señaló en un comunicado que publica la AFIP en su página oficial.
En el campo no había agua potable, electricidad, gas comprimido en garrafa ni sistema de desagüe para agua de lluvia o aguas servidas, donde los niños se encontraban expuestos a innumerables peligros.
Los 40 trabajadores de la finca disponían de un único baño, tipo letrina y las "duchas" eran sectores de tierra cubiertos con plástico, ubicados al lado de una acequia.
Los agentes de la AFIP constataron que estos trabajadores vivían dentro del predio, en unas 20 viviendas precarias, construidas con madera, chapas, bolsas de plástico y con piso de tierra. Las "camas" eran cajones de madera cubiertos con delgados colchones de goma espuma.
En Pizarro
En el segundo operativo realizado en Salta, se detectaron a 14 trabajadores en condiciones laborales inhumanas en tres establecimientos agrícolas dedicados al cultivo de hortalizas y maní en la localidad de General Pizarro.
Los trabajadores no estaban registrados por su empleador y vivían en precarias construcciones dentro del mismo predio.
En total, la AFIP detectó que vivían 10 familias pertenecientes a los trabajadores, incluidos mujeres y niños. En su mayoría, se trata de personas indocumentadas, de nacionalidad boliviana.
El propietario de las fincas podrán ser multados, o ir a prisión, según señala la normativa por infracción a la Ley de Procedimiento Tributario, por no haber registrado a los trabajadores, y por infracción a la Ley de Migraciones; sin perjuicio de la probable comisión del delito de reducción a la servidumbre (artículos 140 y 145 bis del Código Penal), para el que se prevé penas de hasta 15 años de prisión.
Construcciones
Las viviendas estaban construidas con maderas, chapas y bolsas de plástico, con piso de tierra; contaban con camas improvisadas sobre cajones de madera y ramas de árboles. Los baños eran pequeñas estructuras construidas con nylon, que no contaban con sanitarios, agua corriente ni desagües.
Los datos conocidos serán enviados a los organismos nacionales del Estado según correspondan, tanto del Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como Migraciones, considerando que trabajan en forma conjunta con esos organismos, luchando contra el trabajo esclavo y la trata de personas.
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