Sin embargo, el titular de la entidad, Efraín Nieva, admitió que las inspecciones se limitan a verificar que, quien contrae un préstamo, sepa a ciencia cierta cuáles son los intereses que se le aplicarán, la cantidad de cuotas del reintegro, el precio total financiado y que obtenga, al concretar la operación, una copia del contrato.

Cuando los casos llegan a la Dirección de Comercio, por planteos de los afectados, el organismo primero trabaja como mediador del conflicto y, si no se resuelve de común acuerdo entre las partes, recién inicia sumarios administrativos. "Se han aplicado multas y hay 15 sumarios en curso contra financieras", admitió Nieva.

Sin embargo, poner coto a los intereses usureros que aplican las casas de préstamo es bastante más complejo porque, aunque el código penal tipifica la usura como delito, no fija pautas para determinar cuándo efectivamente los intereses aplicados son usurarios. En ese sentido, el director de Comercio consideró necesario que el Congreso de la Nación avance en la aprobación de una ley nacional que fije topes a los intereses que se aplican a los préstamos personales, de la misma forma que ya existe la ley que regula el sistema de tarjetas de crédito. Por ahora, la única salida es plantear una denuncia por usura ante la Justicia penal o civil y ver qué pasa.

Los jubilados, informa Nieva, son las principales víctimas de la usura. Y los planteos pasan, principalmente, por conceptos que aparecen debitados sin expresa autorización y por alargamiento de los plazos de reintegro originariamente convenidos.