Primera: durante los últimos años, la Argentina se convirtió en un país donde, cada vez con más frecuencia, el Gobierno considera que tiene igual valor cumplir un fallo o desobedecerlo.

El Poder Ejecutivo y sus ministros piensan que, protegidos por los privilegios que surgen del ejercicio del poder, nada puede traerles consecuencias. Pero lo cierto es que no es posible construir ninguna sociedad política ni económica sólida únicamente a partir de la lábil voluntad de un caudillo. En semejante desaguisado no hay progresismo alguno, sino una actitud absolutista propia de un rey del siglo XVI.

Segundo: la ministra de Seguridad, Nilda Garré, debió haber advertido que su negativa a prestar el auxilio de la Policía Federal para cumplir con la orden judicial de desalojo era, por una parte, una invitación a que las personas resolvieran sus problemas por vías de hecho, sin preocuparse de si tienen derecho o título para apropiarse de lo ajeno. Entonces, ¿para qué necesitamos tener ministros, presidente y un Estado si renuncian a resolver los conflictos?

Pero, además, había otro elemento adicional que mostraba el peligro de la desobediencia: había sido la Corte misma, a través de un juez que actúa como su delegado, la que estaba reclamando el desalojo en el contexto de la causa del Riachuelo, donde el máximo tribunal viene señalando múltiples e injustificados incumplimientos y demoras.

Mal podría la Corte exigirles a los gobiernos nacional, porteño y de la provincia de Buenos Aires, en la audiencia que realizará mañana, que aceleren las tareas de saneamiento si ni siquiera tiene autoridad para lograr que se cumpla un sencillo desalojo. Y, de igual forma, cualquier ciudadano o empresa podría preguntarse sobre la utilidad de un fallo judicial si, finalmente, nadie lo cumple. El mensaje sería, nuevamente, que es mejor pactar con el mandamás que tener la seguridad de un fallo.

Pero, en tercer lugar, debería evaluarse un aspecto netamente utilitario: la Nación y la ciudad, mientras dilataron el cumplimiento del fallo, dilapidaron semanas enteras en debates, discusiones, desgaste político y deterioro institucional para, finalmente, llegar a concretar un desalojo que, como se vio, era bastante sencillo de ejecutar.