El proyecto de creación del Protocolo contra la Tortura y la figura del Procurador Penitenciario vio la luz después de más de dos años de espera. El tratamiento de la iniciativa enviada por el Ejecutivo en 2008, recién ayer tuvo sanción definitiva en el Senado, después de un tratamiento turbulento en Diputados, cámara en la que se realizaron modificaciones al texto original.

Después de la aparición de las filmaciones en las que constaban vejámenes a internos del penal de San Felipe, el proyecto que crea el mecanismo para prevenir torturas en los penales mendocinos fue desempolvado por los legisladores.

Después de un tratamiento fugaz, a las apuradas en el Senado, el texto cayó en Diputados y allí, con más tranquilidad, algunos legisladores empezaron a leer y encontrar objeciones de todo calibre.

En la edición del 17 de febrero, Los Andes consignaba las críticas que cosechaba la iniciativa, que iban desde la idea de que se crearía "una estructura para conchabos políticos", tal como indicaba Daniel Cassia (PF), "con más prerrogativas que todos los poderes del Estado", como sentenciaba Luis Petri (UCR) y "con salarios de los más altos de la administración pública", según la hipótesis de Aldo Vinci (PD).

En el proyecto aprobado se crea una comisión encargada de aplicar el protocolo contra las torturas. Esta comisión será la encabezada por el Procurador de las Personas Privadas de la Libertad. Esta comisión estará conformada por representantes de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Esta comisión es concebida como un organismo descentralizado, mientras que el procurador será propuesto por el Ejecutivo y deberá tener acuerdo del Senado.

Está comisión tendrá amplias facultades para investigar violaciones a los derechos humanos en las cárceles, incluyendo visitas y entrevistas libres a los internos.