espués de 10 años de idas y vueltas y apelaciones judiciales, concluyó definitivamente el juicio que dejó sin efecto las ventas sucesivas del estadio del Club Atlético Oberá, otorgadas irregularmente por el entonces presidente de la Institución Armando Rodríguez, ocultadas a la Comisión Directiva -que debía intervenir legalmente- y a los socios en general.
El asesor legal del Club Atlético, Gabriel Tula indicó al respecto que “realizaron los trámites en Posadas con la clara intención de defender el “negocio” desde la posición de un tercero subadquirente de “buena fe”, una maniobra clásica a la que muchas veces se recurre para capitalizar bienes adquiridos irregularmente”.
Según el letrado, todo fue muy irregular y premeditado, ya que pese a las transferencias simultáneas ninguno de los sucesivos adquirentes se presentó a tomar posesión del inmueble escriturado en Posadas, lo que hubiera delatado la existencia de las operaciones antes del tiempo necesario para inscribir ambas transferencias en el Registro Inmobiliario como se intentó.
De todos modos, a fuerza de los rumores y filtraciones, la Comisión Directiva descubre las transferencias dos meses después mediante un Informe Inmobiliario e inicia inmediatamente las acciones judiciales para recuperar el estadio vendido clandestinamente sin su intervención. El juicio que acaba de concluirse, definitivamente.
Detalles escandalosos
Descubiertas las maniobras, se pudo conocer que el estadio del Club que ocupa probablemente una de las manzanas más valiosas de Oberá por ubicación y superficie, fue comprado por $87.000 (dos cheques de $40.000 cobrados personalmente por el ex presidente del club en el Banco Francés (según información de la institución bancaria) y se recibe a cuenta del precio, en la suma de $90.000 un terreno que los compradores (SAS S.R.L.) pagaron $7.000 un mes antes de la operación. Y por el saldo, los compradores se hacían cargo de abonar deudas inexistentes como impuestos debidos supuestamente a la Dirección General de Rentas, siendo que el club estaba exento en su condición de asociación deportiva.
Tula señaló que “todo fue muy burdo, sabían muy bien lo que hacían. Armando Rodríguez sabía que vendía algo ajeno sin autorización (de la Comisión Directiva) y los compradores, sabían que compraban un inmueble de quien no podía venderle (uno de ellos es Contador Público entrenado precisamente en llevar los libros y estatutos sociales y además, contaban con asesoramiento notarial), pero llevaron adelante el negocio igual, a escondidas de la comisión directiva, especulando que podrían defenderlo mediante un testaferro subadquirente de “buena fe”. Realmente fue una a apuesta muy burda e incomprensible, quizás los millones de ganancia gratuitos nublaron el entendimiento de los adquirentes para llevarlos a hacer lo que hicieron”.
El asesor del decano obereño se mostró satisfecho por llegar a buen puerto luego de muchos años de trabajo. “Como abogado y simpatizante del club, la causa fue una gran responsabilidad que me tocó asumir, con mucho gusto y orgullo. Intentando siempre que la pasión y las emociones que generan estas causas sensibles no dominaran la razón y la objetividad imprescindibles para llevar adecuadamente las acciones judiciales. Siento una gratificación enorme por haber tenido la oportunidad de colaborar a la superación de esta delicada situación institucional, inmerecida, por la que atravesara esta institución sin fines de lucro, construida con el aporte desinteresado de gente anónima desde el fondo de la historia de Oberá, que queda definitivamente en manos de sus legítimos dueños”, expresó.
Por su parte, el actual presidente del decano, Héctor Hultgren expresó: “Es como volver a nacer, creo que lo vamos a festejar más que un campeonato. Por fin vamos a estar tranquilos, sin la incertidumbre de si lo que hacemos es para mejorar el club es para los chicos o para este grupo de personas sin ética que quisieron quedarse de mala fe con el club”.
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