Varias organizaciones sociales y campesinas –principal sustento del movimiento que en 2008 llevó al poder a Fernando Lugo, terminando con 61 años de hegemonía del Partido Colorado–, le pidieron una vez más al gobierno que realice la reforma agraria con los millonarios montos de dinero que Asunción logró que el Senado de Brasil aceptara pagar por la venta de la energía producida en Itaipú.

Brasil, cuya mandataria, Dilma Rousseff, estará ausente de la fiesta del Bicentenario por problemas de salud, otorgó un aumento de 240 millones de dólares en la transferencia a Asunción como compensación por la compra del excedente energético paraguayo. El tratado para la construcción y administración conjunta de la hidroeléctrica sobre el Río Paraná fue firmado en 1973 entre los gobiernos militares de ambos países. En el acuerdo, la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1983) aceitó su acercamiento a Brasilia cediendo hasta 2023 su excedente eléctrico a Brasilia a precios irrisorios.

Luego de varios años de tensas negociaciones durante el gobierno de Lugo, ambos países pactaron un “precio justo”, como lo llamaron los paraguayos, y Brasilia aprobó un paquete de compensaciones que fue incrementado recientemente por el Congreso, de 120 a 360 millones de dólares anuales. Los líderes campesinos esperan que estos fondos, provenientes de la segunda mayor hidroeléctrica del mundo, estén destinados a concretar la largamente esperada entrega de parcelas y de asistencia técnica y crediticia a más de 74 mil campesinos sin tierras.

“Durante 60 años, los diferentes gobiernos del Partido Colorado no prestaron atención a los pobres. Es imposible que el nuevo gobierno de Lugo (que termina su mandato en 2013) otorgue a los campesinos una vida digna. Por eso hay que comenzar ahora con el dinero de Itaipú esa promesa electoral, aunque nos lleve 20 años desarrollar la reforma agraria”, declaró Balbuena, líder del Movimiento Campesino Paraguayo e integrante de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas.

Paraguay, uno de los mayores exportadores de soja del mundo y con casi la mitad de sus 6,2 millones de habitantes dedicados a tareas relacionadas con la agricultura y la ganadería, apenas posee un censo sobre cuánto de su territorio está en manos privadas y cuánto es del sector fiscal. Los campesinos exigen que parte del tesoro público sea destinado a adquirir tierras de particulares para otorgárselas a los movimientos agrarios. Una hectárea en el interior del país cuesta entre 200 y 400 dólares, una suma astronómica para las rudimentarias economías casi de subsistencia de gran parte de los campesinos paraguayos. <