Una de cal...

El asesinato de la joven María Guadalupe Puebla, que conmueve a la población de Santa Rosa, no es una noticia policial más ni pone en evidencia solo el nivel de violencia que reina en determinados sectores, sino que expone con crudeza otros aspectos de la sociedad en la que vivimos: la pobreza, la injusticia, el abandono, la desigualdad de género y la ausencia del Estado son algunas de las problemáticas que sobrevuelan el asunto.

La víctima es la sexta de nueve hermanos, era discapacitada -como su melliza- y tenía, a su vez, tres hijos, que en ninguno de los casos residían con ella; los sospechosos de su asesinato son dos personas sordomudas: uno de ellos es el novio, el otro, un amigo con antecedentes, ambos con problemas importantísimos para comprender y hacerse entender, no solo por su discapacidad, sino también por su precaria instrucción escolar.

Tanto la víctima como los victimarios están destinados, en las actuales condiciones, al abandono y la indiferencia, a no ser que un día el drama llame a sus puertas y se convierta en un episodio para consumo de otros sectores socioeconómicos.

El lugar en el que vivía María, y en el que sigue residiendo parte de su familia, es la demostración de la ausencia estatal justamente en donde más debería estar presente: a la carencia de elementos básicos se suman la permanente amenaza de las enfermedades y el descontrol sanitario.

Los integrantes de esa familia, además, vivían ahí porque tomaron como una orden la sugerencia de un funcionario judicial: después de que en mayo asesinaran a otro miembro de la familia por una disputa territorial en Toay, les dijeron que tenían que abandonar la localidad, como si ese fuera un modo de solucionar los conflictos.

Hay sectores sociales condenados a protagonizar noticias de este tipo: la marginalidad en la que se desenvuelven cotidianamente explota ante los ojos del resto de la ciudadanía cuando se produce alguna tragedia que se lleva las miradas y cuando ya es tarde para buscar soluciones.

Durante esta misma semana, por ejemplo, fue condenada a ocho años de prisión la joven Jésica Pérez, quien carga sobre sus espaldas una vida repleta de padecimientos y dolores, y que dio muerte a quien había sido su pareja, que también soportó circunstancias similares a lo largo de su existencia.

El juicio oral y público permitió que se difundieran aspectos de su vida actual, aún repleta de carencias, en la que, de todos modos, según destacó la propia condena, se las rebuscó para ser madre, aun con sus necesidades básicas insatisfechas y un Estado que no acudió en su protección, y que recién lo hizo por medio de sus funcionarios una vez que los medios reflejaron estas patéticas circunstancias.

Por eso mismo suena saludable que por fin algunos organismos del Poder Judicial se hayan decidido a tratar a los detenidos como lo que son, seres humanos, y hayan propiciado que los lugares de detención garanticen a esas personas elementos básicos que les garanticen una mínima dignidad mientras tienen el desgraciado trance de estar privadas de su libertad.

...y una de arena

Igualmente destinada al olvido y el ninguneo por parte de lo que llamamos “las instituciones” parecía la vida del pibe Cristian Azcona, que se tronchó demasiado prontamente: era un nene de trece años cuando un balazo le cruzó el corazón como consecuencia de que, supuestamente, intentaba quedarse con una jaula de pajaritos que estaba en la casa de un vecino (aunque hay incluso otras hipótesis que eliminan la teoría de ese robo menor).

Durante la semana que se fue, sin embargo, el nombre de Cristian se convirtió de alguna manera en el eje de una causa judicial en la que merced a las aseveraciones de la jueza Verónica Fantini -respaldadas de modo rotundo por su colega Filinto Rebechi- se pone en duda la real capacidad que tuvieron los integrantes del Tribunal de la Cámara del Crimen 1 para ejercer justicia.

Elvira Rosetti y Miguel Ángel Gavazza fueron acomodados en esos cargos como jueces sustitutos, sin necesidad de demostrar su idoneidad y gracias a la red de vínculos políticos e influencias amicales que siguen siendo infalibles a la hora de la repartija de espacios de poder; Miguel Ángel Vagge era subrogante en el momento en que se tomó la decisión de condenar a Oscar Ichoust con una pena tan leve (dos años y seis meses de prisión) que le garantizaba la libertad pese a haber cometido el homicidio de un nene.

El fallo del Tribunal de Impugnación Penal, que otorga la posibilidad de que ese expediente vea algo más parecido a la justicia a partir de un nuevo juicio, es una revelación de inusitada gravedad: se denuncia que los camaristas forzaron su discurso y ocultaron datos para llegar a una conclusión que no era la propia de los hechos, sino la que ellos deseaban.

Complementaron ese despropósito -siempre de acuerdo a la sentencia- con una grosería técnica que consistió en calificar el hecho de manera contradictoria, puesto que se interpretó que Ichoust cometió un homicidio “culposo” y que se excedió en su legítima defensa, cuando cualquier exceso en la legítima defensa supone la comisión de un delito doloso.

No muy diferente fue el papel del fiscal Jorge Marcelo Amado, quien si bien zafó de este último “blooper” porque calificó el hecho como homicidio simple, también es reprendido porque no se preocupó por aportar claridad a la fundamentación de la sentencia y además le sacó el cuerpo a la presentación de un recurso.

Esa conducta del fiscal es parecida a la de una enorme porción de la sociedad, y particularmente de quienes tienen poder: como Azcona -que es este nombre pero podría tener muchísimos otros- está en el bando de los olvidados, o de “los nadies” que describió Eduardo Galeano, no resulta nada complicado mirar para otro lado cuando los afectados son sus intereses o los de sus seres queridos.

Esta vez, un par de jueces estuvieron atentos y aun cuando su decisión quizá no sea del beneplácito mayoritario, actuaron pensando en hacer justicia y no demagogia.