El conflicto por la reimpresión de los bonos fiscales tendrá dos nuevas instancias en las próximas semanas. El 15 de febrero y el 15 de marzo habrá audiencias ante la Cámara Federal de Córdoba, en las cuales estarán presentes todas las partes involucradas.

La información fue confirmada a NUEVA RIOJA por el Fiscal de Estado de la Provincia, Gastón Mercado Luna, quien detalló la importancia del encuentro, que aclaró fue solicitado por el Gobierno provincial.

En ambas presentaciones estarán presentes las empresas que gozaron del beneficio de los bonos fiscales durante la Promoción Industrial, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio de Economía de la Nación y el Gobierno de la provincia de La Rioja.

“La conciliación se concreta a pedido de la Provincia, que pide que se espere a que la Corte Suprema de Justicia se expida en este tema”, comentó el funcionario provincial a NUEVA RIOJA.

El Fiscal de Estado destacó que se encuentran avanzadas las gestiones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que es ella quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión.

En ese caso la Provincia logró a finales del año pasado que se la tomara como parte y que se determinara que la Corte será quien resuelva sobre el fondo de la cuestión, ordenando que todas las otras causas generadas en el fuero federal le sean giradas.

Proceso

El conflicto principal se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es porque la AFIP reclama que las empresas devuelvan los recursos que no pagaron por actualizar los bonos fiscales de acuerdo a la devaluación de la moneda que se concretó después del año 2002.

Las empresas realizaron una reimpresión de los bonos fiscales que no fue tomada como válida por parte del organismo nacional.

La deuda que reclama el ente de recaudación rondaría los 1000 millones de pesos, según estimaciones que realizan desde el propio Gobierno riojano.

En ese contexto se realizaron diferentes presentaciones judiciales y la Provincia se presentó bajo la figura legal de “tercero interesado”.

Lo que la Casa de las Tejas buscará el próximo 15 de febrero y el 15 de marzo es que la Justicia cordobesa acepte que la causa principal la tiene la Corte Suprema de Justicia.

De esta manera, sería el máximo organismo judicial del país quien tomaría la determinación final. La Corte ya determinó un impás entre las partes, para que se intente llegar a un acuerdo entre las empresas, los Gobiernos provinciales y los organismos nacionales que reclaman la deuda impositiva.

“No conocemos la presentación de los gremios”

Por otra parte, NUEVA RIOJA consultó al Fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, sobre la presentación que realizaron los gremios en la mañana de ayer ante el Juzgado Federal (ver página 2 de la edición de NUEVA RIOJA).

“La verdad es que no conocemos la presentación de los gremios, vamos a esperar a ver de qué se trata. Más allá de esto, cualquier medida en este tema es bienvenida”, argumentó el funcionario provincial ante la consulta periodística.

Mercado Luna explicó que desde la Fiscalía de Estado entienden que el decreto presidencial 699/10 nunca tuvo aplicabilidad y por ende no existen medidas judiciales que lo puedan restituir.

Cabe recordar que el decreto presidencial fue firmado el 20 de mayo del año 2010, pero nunca se aplicó porque no se firmó el acta complementaria.