Gran sacudida política significó la renuncia de José López, presidente del Consejo Escolar local, aunque en los ámbitos de pertenencia educativos no fue una sorpresa. El Consejo es un escenario de entrecruzamiento de funcionarios de procedencia política municipal, y la administración de fondos provinciales. El control previsto es el carácter colegiado del cuerpo, donde se supone que los partidos de oposición, a través de sus consejeros, podrán fiscalizar las decisiones. Pero del dicho al hecho hay, a veces, un abismo.

Desde los micrófonos de la 99.9, el actual vicepresidente a cargo del cuerpo, Orlando Calabrese, explicó la situación acaecida, y se refirió a López diciendo: “a veces nos encerramos en nosotros mismos, y no queremos escuchar”, lo cual casi maquilla el desastre administrativo como si fuera un error de estilo de un funcionario demasiado ególatra.

Pero a nadie escapa que la dirección de Infraestructura escolar es casi un agujero negro que propicia el deterioro progresivo de las escuelas bajo el discurso de “más no se puede”. Las escuelas públicas se caen a pedazos, y a los miembros de la comunidad educativa les parece casi normal creer que en realidad no hay plata. Los hechos demuestran que la administración de ese sector de infraestructura que financia la provincia es tan desastrosa como la comuna en general.

Año tras año, las reformas y paliativos edilicios en los colegios comienzan a realizarse junto con el inicio del ciclo lectivo, y a nadie le cabe en la cabeza cómo es posible que las obras se superpongan con la actividad plena: jamás nadie explicó por qué no se utilizan los recesos para los arreglos y construcciones, cuando el personal se encuentra trabajando pero sin alumnos. Ahora hay una causa concreta: las licitaciones se realizaron en enero. El ejemplo que dio lugar al desmadre sirve de cabal muestra: una licitación para reformar los baños de la Escuela Primaria Básica 2, de Dorrego 633.

La normativa administrativa prevé que una empresa necesita presentar una serie de avales, no solamente de la solvencia necesaria para encarar una obra de carácter provincial, sino de la situación impositiva de la firma frente a la AFIP. La razón social que pretenda adjudicarse una licitación de infraestructura escolar deberá sujetarse a lo establecido en un complejo pliego de bases y condiciones que establece la documentación necesaria, así como los antecedentes que la empresa registre en compromisos similares.

Sucedió en este caso que la firma GOTAMA fue la oferente elegida en la licitación mencionada, en una situación tan rara que llevó a que los consejeros pusieran la mirada en el caso, y se acabara en una denuncia penal contra el presidente del Consejo, y su posterior renuncia. Obviamente, la drástica medida demuestra que no se trata de un caso eventual, sino de una situación que viene a colmar el vaso de agua, cuando día tras día se acumulaban quejas por la conducción arbitraria del Consejo, que hacía que, por ejemplo, muchos trabajos terminaran impagos. López nunca asumía ser el responsable de nada.

Se supo que la empresa GOTAMA no registraba en efecto ninguno de estos antecedentes, ya que había sido constituida en octubre pasado como una sociedad anónima integrada por tres personas, y habilitada para realizar prácticamente cualquier tipo de negocio. Cerró el ejercicio sin movimientos. Su capital constitutivo ascendía a $12.000, es decir un 5% de lo necesario para avalar un contrato de $140.000. ¿Cómo era posible?

Se comprende si se agrega que se entregó la obra a una firma fantasma que no forma parte de los registros de proveedores municipales ni provinciales. Son tres personas unidas entre gallos y medianoche, únicamente para este fin. Su estado contable solamente había pasado la auditoría de un contador independiente.

Los conocidos

Claro que a alguien se le ocurrió mirar, y fue la consejera Claudia Píccolo quien tuvo a su cargo la verificación de los datos. Resulta que no solamente era todo cierto, sino que los integrantes de la supuesta empresa eran allegados al accionar político de la municipalidad. Por ejemplo, en el documento constitutivo que registra la escribanía Sánchez Maza, figura como socia Silvia Edith Sproat, que a la vez cumple tareas en el bloque del movimiento peronista a cargo del concejal Mario Lucchesi. Según se ha afirmado, Sproat sería la cónyuge de Carlos Tarela, empleado de OSSE que llamativamente se encuentra cumpliendo funciones en la Secretaría de Desarrollo Social de la misma municipalidad, por una resolución de diciembre del año pasado.

En entrevista de prensa en la emisora 99.9, el concejal Carlos Katz brindó información acerca de la procedencia política de Tarela, y dijo que se trataba de la persona que había hecho de eslabón de conexión entre Pulti y el Sindicato de Empleados Municipales. Fue un delegado gremial que creció en peso específico cuando el intendente era un simple candidato y necesitaba todo el apoyo posible para concretar su propósito. ¿Suena a pago de favores políticos? Por supuesto.

La cuestión es que, cuando se detectaron las irregularidades de la licitación, la empresa tuvo un plazo de 48 horas para entregar la documentación faltante, y obviamente no cumplió. No se trataba de una fotocopia de un recibo de pago: era la puesta en regla de una estructura organizativa compleja.

Mientras tanto las escuelas se vienen abajo, y hay quienes simplifican el discurso diciendo que en el país hay dinero, pero se utiliza para otras cosas. Más allá de las decisiones políticas más o menos acertadas a la hora de establecer proporcionalidades presupuestarias, existen numerosos fondos adjudicados sin la eficiencia mínima, por lo que jamás llegan a sus verdaderos y adecuados objetivos. No hay duda. Hay ejemplos en cada ámbito de la organización del Estado.

De siempre

La cuestión es por qué. Por qué cada vez que se habla de la gestión Pulti solamente aparecen nuevas caras si son hermanos o esposas de alguien, y tienen nuevos puestos de trabajo. ¿Por qué el intendente está llevando a cabo acciones totalmente contrarias a las que había anunciado en su campaña? Como se recordará, Acción Marplatense esgrimía el estandarte de los concursos públicos para contratar o nombrar personal idóneo en cada puesto de trabajo, y terminar con la portación de apellido. Sin embargo, cada vez son más los hijos de concejales que de pronto se vuelven profesionales de diversas áreas, y asumen puesto sin antecedentes, ni menos aun, concurso.

Dijo el concejal Katz: “El gobierno de Pulti no para de conchabar amigos y parientes, y la administración interna es cada vez más desastrosa”. Todos de acuerdo. Tanto en este punto, como en la necesidad extrema de realizar un ordenamiento definitivo del caos administrativo imperante. A criterio del concejal es simple falta de convicción, ya que -afirma Katz-: “la reorganización no vende nada comparado con andar inaugurando obras”, en clara alusión a la compleja situación del Consejo, que viene a salpicar al partido gobernante. “No es un error administrativo. Lo que pasó es escandaloso”, sentenció.

José López renunció a la una de la mañana, y no hace falta demasiado para comprender lo que significa eso a nivel político: discusiones acaloradas, reclamos por la negligencia, y algún funcionario que se pasó de largo con las atribuciones que podía tomarse. Otro dato: el documento que otorga la licitación a los fantasmas unidos fue firmado simplemente por López, la directora de la escuela, Sandra Ané, y la presidenta de la Asociación Cooperados. Es decir, ningún especialista que garantizara técnicamente la trasparencia del acto. Una maestra y una madre. No hay que ser un genio para adivinar quién pagará los platos rotos de un negocio que debe de llevar años.