Las mujeres que se habían instalado frente a la Casa de Gobierno para protestar y demandar una solución por la usurpación de viviendas que cometieron en casas a medio construir en el norte de la Capital, decidieron retirarse ayer luego de que recibieran una promesa de parte del director provincial de Derechos Humanos, Ernesto Castrelos, quien les dijo que dialogaría con el fiscal de Instrucción a cargo de la causa, Mauricio Navarro Foressi.Así lo aseguraron las propias mujeres, que ayer cumplieron 5 días de protesta frente a la Casa de Gobierno, y que en algunos momentos de su manifestación generaron una gran convulsión en el tránsito que se desplaza por el microcentro capitalino.

En diálogo con este diario, aseguraron que el director de Derechos Humanos dialogó con ellas para acercarles un acuerdo con el objetivo de que cesaran la protesta y el acampe que dispusieron en la Plaza 25 de Mayo."Castrelos nos pidió que nosotros juntemos documentos, certificados y constancias de nuestras familias, por ejemplo si hay alguna persona con una enfermedad grave viviendo en una casa o si hay algún discapacitado", sostuvieron las mujeres.

En el mismo orden, señalaron que el funcionario les requirió detalles respecto de los gastos que realizaron para poner en condiciones las viviendas al momento en el que las tomaron.

Es que muchas de las familias tuvieron que acondicionar las casas prácticamente desde cero: como las viviendas estaban en plena construcción, hay quienes tuvieron que hacer el techo (algunos hasta hicieron una losa), instalar los sanitarios, las ventanas, y prácticamente todas las conexiones de agua y de electricidad.

Todos estos papeles, aseguraron las mujeres, Castrelos se los presentará al Fiscal de Instrucción Nº 2, quien está a cargo de la investigación originada por la usurpación de las viviendas.

"Nosotros le vamos a dar una semana de tregua al Gobierno. Después de que juntemos esos documentos y se los lleven al Fiscal, vamos a decidir qué hacer. Porque el Gobierno nos tiene que dar una solución", alegaron las mujeres.

A primera hora de la mañana, el grupo que se mantenía en la protesta fue prácticamente el único público que había en la plaza cuando la Gobernadora y el intendente de la Capital iniciaron los actos oficiales por el 25 de Mayo en la plazoleta de la Bandera. Pese a que la Policía dispuso un cordón frente a ellas para evitar que trataran de frenar el paso de Lucía Corpacci, no hubo roces ni reclamos de parte del grupo de mujeres que, al mediodía, se retiró pacíficamente de la Plaza. Problemas irresueltos El avance de la investigación del fiscal Navarro Foressi contrasta con la pasividad puesta de manifiesto por el Gobierno frente a la problemática de las usurpaciones. Al margen de la determinación oficial de no entablar diálogo mientras los usurpadores se mantengan dentro de las casas o los terrenos, las familias se quejan de la paupérrima atención que tienen los dos organismos oficiales que podrían darles algún tipo de respuestas a sus urgencias habitacionales: la Secretaría de la Vivienda y el Instituto Provincial de la Vivienda.

Casi todas las familias que tomaron las viviendas que estaban en construcción en la esquina de las avenidas Choya y Los Terebintos (fueron usurpadas en noviembre de 2013) aseguraron que están inscriptas en el listado de postulantes del IPV desde hace años, pero que nunca pudieron figurar como preadjudicatarios de viviendas sociales. Además, sostuvieron que concurren con frecuencia a la Secretaría de la Vivienda para obtener algún tipo de ayuda, pero siempre se retiran con las manos vacías."A nosotras no nos queda otra que usurpar", dicen.