En el inicio del año judicial en Rosario, familiares de las víctimas de la tragedia de calle salta se manifestaron esta mañana mediante una emotiva protesta en las escalinatas de los Tribunales provinciales de Rosario. Colocaron 22 cruces blancas a lo largo del frente del Palacio de Justicia, el mismo número de víctimas que dejó la explosión ocurrida el pasado 6 de agosto.

Con el nombre e imágenes de sus familiares impresas en remeras blancas, se acercaron esta mañana al edificio de Oroño y Pellegrini, donde hoy se retomaron las actividades después de la feria judicial de verano.

Allí se encontraron con integrantes de la organización Red Antimafia Rosario, que montó una instalación con cruces blancas con nombres de las víctimas de asesinatos ocurridos en la ciudad que aún aguardan por una resolución judicial. Además se cruzaron con Eduardo Trasante, padre de Jeremías una de las víctimas del triple crimen de Villa Moreno. El domingo sufrió el crimen otro de sus hijos, Jairo Natanael, quien murió tras ser baleado en Dorrego y Zeballos.

A seis meses de la explosión, el próximo jueves realizarán una marcha en memoria de las víctimas de la tragedia. Portando carteles y cruces con los 22 nombres, partirán a las 20 desde Salta 2141, desde donde marcharán hasta tribunales provinciales.

Tras cerrarse la etapa de instrucción, se espera que este mes comience la etapa que resolverá la situación procesal de los once imputados que tiene la causa. A fines de 2013 las pericias técnicas oficiales llegaron a Tribunales, para ser evaluadas por la jueza Irma Bilotta, a cargo del sumario penal.

Los once imputados. En total son once los imputados por la tragedia de Salta 2141, donde el 6 de agosto del año pasado produjo una explosión por fuga de gas en un edificio que causó la muerte de 22 personas, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.

Los imputados por la explosión son: el gasista Carlos Osvaldo García y su ayudante Pablo Miño (ambos intervenían para cambiar el regulador de gas el 6 de agosto), los administradores del edificio Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli (se les endilga no haber tomado debida cuenta de las quejas de los vecinos y omitir el deber de cuidado de espacios comunes del edificio); el gasista José Allala (trabajó el 25 de julio y no notificó la reparación ni completó formularios que exige la empresa); el inspector de Litoral Gas Gerardo Bolaños (cortó el servicio de gas el 25 de julio al constatar una pérdida pero no aplicó un cepo para obturar la válvula).

También están imputados los compañeros de Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller (reconectaron el servicio de gas un día después sin hacer un control integral de la instalación ni le pidieron a Allala informes técnicos de la intervención); el titular de sección redes domiciliarias de Litoral Gas, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica de la compañía, Viviana Leegstra (a ambos les endilgan no ejercer control sobre sus subordinados y no tener un plan de contingencia, personal ni elementos para cortar el servicio luego de la explosión, lo que motivó que el corte se demoró casi dos horas y media tras la explosión).